Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos falló este martes a favor de la Administración de Donald Trump al suspender una orden provisional que impedía al Gobierno exigir a funcionarios estatales y locales que descartaran determinados votos o amenazarlos con acciones penales relacionadas con las elecciones de medio mandato.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito aceptó una solicitud presentada por el Departamento de Justicia para bloquear la resolución emitida el viernes anterior por la jueza federal Trina Thompson, que prohibía al Ejecutivo amenazar o intimidar a los funcionarios electorales.
La decisión se produjo el mismo día de las elecciones. Días antes, Thompson había prohibido a los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional exigir a las autoridades electorales de cualquier estado que separaran papeletas, eliminaran votantes de los registros electorales o detuvieran el procesamiento de los votos.
La orden temporal respondió a una demanda presentada por una coalición de sindicatos y organizaciones defensoras de los derechos civiles, entre ellas la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Los demandantes sostuvieron que las actuaciones del Gobierno violaban la Ley de Derecho al Voto y constituían una intromisión inconstitucional en las competencias estatales para administrar los procesos electorales.
El conflicto surgió a raíz de una operación impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional para comparar los registros electorales de los estados con bases de datos federales. Los funcionarios electorales han cuestionado la fiabilidad de las listas elaboradas por esa institución, que identifican a personas presuntamente no ciudadanas estadounidenses.
La Administración Trump sostiene que el objetivo de esa operación es impedir que personas sin ciudadanía voten y ha advertido de que podría procesar penalmente a funcionarios electorales por no hacer lo suficiente para prevenir el voto ilegal.
