David Rivera fue declarado culpable por un jurado federal en Miami en mayo de conspiración para lavar dinero, de no registrarse como agente extranjero y de otros cargos derivados de un contrato de $50 millones vinculado a la empresa estatal petrolera de Venezuela.
La fiscalía dijo que Rivera fue contratado durante el primer mandato del presidente Donald Trump (2017-21) por el gobierno del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro para usar sus contactos republicanos y convencer a Washington de suavizar su política hacia Caracas.
Rivera habría convencido a la entonces canciller Delcy Rodríguez, ahora presidenta interina de Venezuela, para que le adjudicara el lucrativo contrato de lobby pagado por la gigante energética PDVSA.
La jueza federal Melissa Damian impuso la condena tras una audiencia en Miami que se prolongó por más de cuatro horas, según The Washington Post, que informó que el político tiene la intención de apelar y ha solicitado un indulto presidencial.
La relación de Rivera con Rubio se convirtió en un elemento destacado del caso.
El jefe de la diplomacia estadounidense declaró en el juicio en marzo que Rivera había sido en su momento un “amigo cercano” y que ambos compartieron un apartamento cuando eran legisladores en Florida.
Rivera se reunió con Rubio, entonces senador de Estados Unidos, dos veces en 2017 para hablar sobre el futuro político de Venezuela.
El secretario de Estado dijo a los miembros del jurado que en ese momento no sabía nada sobre el supuesto contrato de Rivera con funcionarios venezolanos y afirmó que habría actuado de forma diferente de haberlo sabido.
“Me habría resultado impactante”, dijo Rubio, quien no ha sido implicado en ningún acto ilícito.
Según informaron medios estadounidenses, Rivera sostuvo que su trabajo de consultoría tenía que ver con esfuerzos para lograr el regreso de la petrolera estadounidense ExxonMobil a Venezuela y que su actividad política buscaba sacar a Maduro del poder, en lugar de ayudar a su gobierno.
Sus abogados también han argumentado que los fiscales no lograron demostrar que las acciones de Rivera realmente ayudaran a Maduro o normalizaran las relaciones con Caracas, informó The Washington Post.
Rivera enfrenta por separado un caso federal en Washington por acusaciones de que recibió más de $5,5 millones para hacer lobby en nombre de un empresario venezolano sancionado por Estados Unidos.
