Barcelona y Madrid
Miles de catalanes tomaron las calles el miércoles tras la detención de 14 miembros del Gobierno de esta región que busca organizar un referendo de autodeterminación prohibido por la Justicia, mientras el presidente catalán acusó a Madrid de imponer de facto un estado de excepción.
"Fuera las fuerzas de ocupación" y "votaremos", se escuchaba durante una manifestación de miles de personas en el centro de Barcelona.
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Durante la jornada, 14 funcionarios de la Generalitat (Gobierno catalán) fueron detenidos, indicaron fuentes policiales.
Entre ellos figura Josep María Jove, número dos de la vicepresidencia regional, señaló un portavoz de la Generalitat.
Son sospechosos de delitos de "desobediencia, prevaricación y malversación", informó la Corte Superior de Justicia de Cataluña, sin dar detalles de la investigación.
Según una fuente judicial, el juez ordenó registros en el marco de una investigación iniciada en febrero por declaraciones que daban cuenta de un posible robo de datos para permitir a los separatistas disponer del censo de los contribuyentes catalanes.
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Con sus acciones, el Estado español ha "impuesto de facto un estado de excepción", denunció el presidente catalán, el independentista Carles Puigdemont, quien insistió en convocar a los ciudadanos a votar en la consulta "frente a un régimen represivo e intimidatorio".
El Ejecutivo catalán reiteró así su convicción de realizar el referendo el 1.° de octubre, pese a prohibirlo el Tribunal Constitucional, que había advertido a un millar de altos funcionarios no organizarlo so pena de exponerse a consecuencias judiciales.
Defensa de medida. El Gobierno central "está cumpliendo con su obligación" y "el Estado de Derecho funciona", afirmó el jefe de Gobierno, Mariano Rajoy, quien hizo un llamado a "volver a la normalidad".
Les pidió a los independentistas catalanes que renuncien a su "escalada de radicalidad y de desobediencia (...) Están a tiempo de evitar males mayores", expresó en un discurso televisado.
"Ha llegado el momento. Resistimos pacíficamente. Salimos a defender desde la no violencia nuestras instituciones", escribió en Twitter Jordi Sánchez, presidente del movimiento independentista Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), que junto a otras organizaciones en la región llamaron a protestar.
"Si Rajoy persiste en esta estrategia represiva encontrará todo el catalanismo unido en su diversidad defendiendo derechos y libertades", advirtió en Twitter Ada Colau, alcaldesa izquierdista de Barcelona.
"Llamamos a los Gobiernos de Cataluña y España a detener una escalada que nos lleva al desastre", pidió de su lado el líder regional del Partido Socalista (opositor), Miquel Iceta.
En las calles de Barcelona, los ánimos se caldearon por momentos. Cientos de manifestantes congregados frente al departamento de Exteriores de la Generalitat bloquearon por horas la salida de vehículos de la Guardia Civil.
"Fuera, fuera, policía española", gritaban varios centenares de personas frente a la sede de la CUP, partido separatista de extrema izquierda aliado del Gobierno regional, donde la Policía hizo un registro.
En Madrid, defensores del referendo se preparaban para manifestarse en la céntrica Puerta del Sol.
El portavoz del Gobierno central, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió a los independentistas contra "buscar en manifestaciones callejeras una legitimidad que no tienen".
Las tensiones llegaron al Congreso: allí, el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (izquierda republicana independentista) Gabriel Rufián emplazó a Rajoy: "Saque sus sucias manos de las instituciones catalanas", antes de que los diputados catalanes se retiraran del hemiciclo.
Ante los hechos de la jornada, el club FC Barcelona, que defiende un referendolegal, condenó en un comunicado "cualquier acción que pueda impedir el ejercicio pleno" de los derechos a la libertad de expresión y a decidir.
Las operaciones policiales se han intensificado desde el fin de semana, con la incautación de gran cantidad de material electoral, como afiches o propaganda.
Este miércoles, la Guardia Civil anunció haber confiscado cerca de 10 millones de papeletas de votación para la consulta.
En paralelo, el Ministerio de Hacienda congeló las cuentas del Ejecutivo catalán, reduciendo drásticamente la autonomía financiera de la región.
Los separatistas son mayoría en el parlamento catalán desde 2015, pero según los sondeos la sociedad catalana se muestra muy dividida ante la independencia de esta región de 7,5 millones de habitantes.
En las elecciones regionales del 2015, los independentistas obtuvieron el 47,6% de los votos y los defensores de seguir en España el 51,28%.
El 70% de los catalanes está a favor de zanjar la cuestión por medio de una votación legal, según las encuestas.