<b>Líder insiste en derecho de Cataluña a decidir su futuro</b>
Consulta podría abrir una enorme crisis entre Gobierno español y regional
Líderes de partidos independentistas catalanes anunciaron que denunciarán ante la ONU e instituciones de la Unión Europea la prohibición del Gobierno español al referendo en Cataluña. | AFP JOSEP LAGO
BarcelonaAFP El presidente de Cataluña defendió ayer el derecho de los pueblos a decidir sobre su futuro, desoyendo la suspensión judicial de la consulta independentista del domingo.
A cuatro días de una votación que mantiene en vilo a la sociedad catalana, el presidente nacionalista Artur Mas confirmó su determinación de celebrarla aunque conlleve desobedecer la suspensión decretada el martes por el Tribunal Constitucional.
Esa consulta podría desencadenar una crisis entre el poder central y Cataluña de una magnitud sin precedentes desde la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975.
“Estamos defendiendo un derecho natural, que es el derecho de cualquier pueblo a decidir. Todos los pueblos tienen el derecho de decidir su futuro”, declaró Mas, líder de la coalición nacionalista conservadora CiU.
Mas dijo que, después de la consulta simbólica del domingo, pedirá al Gobierno español un referendo “definitivo” y “acordado” sobre el futuro de la región del noreste de España.
Líderes de partidos independentistas catalanes anunciaron que denunciarán ante la ONU e instituciones de la Unión Europea la prohibición del Gobierno español al referendo en Cataluña. | AFP (JOSEP LAGO)
El gobierno español de Mariano Rajoy no le reconoce derecho a decidir y defiende que la Constitución española no permite votar sobre la independencia a esta región de 7,5 millones de habitantes y una quinta parte de la riqueza nacional.
Por ello, recurrió primero el referendo consultivo convocado hace un mes y después la votación simbólica impulsada en su lugar, mediante una impugnación ante el Tribunal Constitucional que implicaba su suspensión cautelar, incluso antes de que los magistrados diriman sobre la cuestión.
Un “abuso de poder” para el Ejecutivo catalán, que denunció al Gobierno Central ante el Tribunal Supremo por atentar contra la libertad ideológica y de expresión.
Pero, en la pugna por defender estos derechos, el Gobierno catalán podría caer en la “desobediencia civil”, un delito penal, advirtieron varios especialistas consultados.
Dado el calibre histórico que está tomando el 9 de noviembre, rebautizado como “9-N”, dar marcha atrás implicaría un alto costo político para Mas.
Orgullosos de su cultura, los catalanes han abrazado, poco a poco, la causa independentista desde que el Tribunal Constitucional, tras un recurso del Partido Popular de Rajoy, los privó en el 2010 del estatus de “nación” reconocido en un estatuto de autonomía aprobado en referendo en el 2006.
La crisis económica posterior y los múltiples casos de corrupción, dieron alas al independentismo, al cual algunos sondeos dan cerca del 50% de apoyo.
La pregunta será idéntica a la del escrutinio inicial: “¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?”.
“Quedará pendiente que Cataluña pueda hacer un referendo definitivo”, precisó Mas, anunciando que enviará una carta a Rajoy después del domingo para “encontrar soluciones beneficiosas para todos”.
Mientras, el gobierno regional pone todos los medios para conseguir una alta participación habilitando casi 7.000 mesas electorales en 942 de los 947 municipios y permitiendo el voto a los mayores de 16 años y algunos extranjeros.
Además, los votantes podrán firmar una carta presentada este miércoles por los partidos nacionalistas dirigida a las Naciones Unidas y la Comisión Europea reclamándoles interceder para que “la ciudadanía de Cataluña pueda decidir democráticamente su futuro”.
Por ello, aunque legalmente tiene derecho a bloquearlo, muchos analistas reclaman a Rajoy apostar por una solución política, que podría pasar por reformar la Constitución como propone la oposición socialista.
Otro aspecto sería la aceptación de esta reforma en Cataluña donde las encuestas muestran un apoyo creciente a los postulados de la formación independentista ERC, que apuesta por declarar la independencia unilateralmente.
