Barcelona. AFP. Cataluña desafió abiertamente ayer al gobierno central español al mantener la celebración de una votación sobre la independencia prevista para el domingo, desoyendo al Tribunal Constitucional que ordenó su suspensión tras un recurso de Madrid.
“El gobierno mantiene el proceso participativo con todas las consecuencias”, anunció el portavoz del gobierno regional en Barcelona, Francesc Homs, poco después de conocerse la decisión unánime del alto tribunal de suspender esta votación y todos los actos administrativos sobre su organización.
“Los gobernantes estamos obligados a cumplir con las decisiones de los tribunales en todos los ámbitos y en este también”, advirtió la vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáen de Santamaría, mientras que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se mostró “convencido” de que el ejecutivo catalán cumplirá el mandato judicial.
A solo cinco días de esta votación muy esperada por un sector importante de la sociedad catalana, los magistrados aceptaron a trámite el recurso de impugnación presentado por el Gobierno español del conservador Mariano Rajoy para quien el escrutinio es ilegal y no cumple con las garantías democráticas de un proceso electoral.
Varios catalanes se mostraron a favor de la independencia sosteniendo pancartas que representaban una urna y la fecha de la 9N. | AFP (LLUIS GENE)
La consulta fue anunciada el 14 de octubre por el presidente regional, el nacionalista Artur Mas, como alternativa al referendo consultivo sobre la independencia convocado inicialmente y suspendido también por el Tribunal Constitucional hace un mes, tras aceptar otro recurso de Madrid.
Bautizada “proceso de participación ciudadana”, esta votación estará organizada por 41.000 voluntarios coordinados por el gobierno catalán, no tendrá censo previo sino que los ciudadanos se inscribirán en el colegio electoral y no será supervisado por ninguna junta.
Si finalmente se desoye al tribunal, 5,4 de los 7,5 millones de catalanes podrán votar en unas 6.695 mesas electorales instaladas en institutos públicos para responder la doble pregunta: “¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?”.
Su resultado difícilmente puede ser representativo dada la baja participación que se espera de catalanes contrarios a la independencia, pero una elevada movilización de los partidarios podría conferir a la jornada un simbolismo político.
“Todo está listo para el 9 de noviembre”, advirtió Homs, aunque sin garantizar por completo que se pueda votar. Además, anunció una demanda judicial contra el gobierno español “por atentar contra el derecho de participación y el derecho a la libertad de expresión”.
