Los Ángeles. Las restricciones migratorias y la eliminación de protecciones para algunas nacionalidades marcarían el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, según analistas. Sin embargo, consideran difícil que logre llevar a cabo deportaciones masivas, como prometió en campaña.
Trump, quien venció a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris en las elecciones de este martes, hizo de la retórica antiinmigración el eje central de su campaña, marcada por tensiones.
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Sus seguidores, muchos de ellos latinos, colocaron la seguridad fronteriza como uno de los factores decisivos en su voto y abrazaron su promesa de deportaciones masivas.
Aaron Reichlin-Melnick, asesor del Consejo Americano de Inmigración, una organización sin fines de lucro, anticipa que lo primero en la agenda fronteriza de Trump será la adopción de medidas para minimizar la migración legal.
“Probablemente invocará la sección 212 f de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que le permite imponer prohibiciones a personas que ingresen a Estados Unidos o busquen visados”, sostuvo.
“Esta fue la (llamada) prohibición musulmana o prohibición de viaje de su primer mandato, y ha prometido traerla de vuelta y potencialmente ampliarla en su segundo mandato”, indicó.
Reichlin-Melnick también cree que Trump pondrá fin a las alternativas de migración que el gobierno demócrata de Joe Biden instauró para ciudadanos de países como Cuba y Venezuela por motivos humanitarios, permitiendo la entrada a Estados Unidos de decenas de miles de personas.
Consecuencias económicas
Reichlin-Melnick prevé un aumento de la presencia militar en la frontera con México, así como un mayor despliegue de personal castrense, que hasta ahora se limita al apoyo logístico. Es allí donde el efecto de su victoria podría sentirse primero.
“Lo que hemos visto en elecciones pasadas es que el número de migrantes que llega a la frontera tiende a elevarse”, explicó Adriana Jasso, de la ONG Comité de Servicio de los Amigos Americanos.
“La razón (...) es que al menos tienen ahora una noción o conocimiento de lo que existe, pero después de que el próximo presidente asuma el poder, no habrá la misma certeza, especialmente tratándose de un cambio drástico como éste”, añadió.
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Los expertos observan con escepticismo la capacidad que tendrá Trump de llevar a cabo operativos de deportación masiva.
Reichlin-Melnick sostiene que la cifra real de inmigrantes sin documentos oscila entre 13 y 15 millones, y una operación de tales dimensiones requeriría cientos de millones de dólares, decenas de miles de agentes y décadas de acción continua, por lo que considera que “no es realista”.
La consecuencia inmediata de una acción de esta magnitud, estimó, sería una caída del PIB de entre 4.2% y 6.8%.
“¿Qué significa esto? Durante la Gran Recesión el PIB cayó un 4.3%, por lo que deportar a toda la población indocumentada derrumbaría la economía de Estados Unidos”, explicó.
Pero el analista también vislumbra otro riesgo para la economía. Más de un millón y medio de personas, entre ellas ciudadanos de Venezuela, El Salvador y Haití, amparados por un estatus de protección temporal, y los adscritos al programa DACA, quienes han pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos sin conseguir la ciudadanía, corren el riesgo de perder su protección legal por decisión del Ejecutivo.
“Como vimos en el primer mandato de Trump, su gobierno estuvo muy dispuesto a revocar el estatus legal a cientos de miles de personas”, dijo Reichlin-Melnick.
“Si esta gente sale de la fuerza laboral por miedo o por deportación, se producirá una importante escasez de mano de obra, y aumentará la inflación y el costo de los productos, lo que provocará una contracción de la economía”, añadió.
“De cualquier manera, veríamos un significativo impacto económico”, comentó. “Los inmigrantes indocumentados son una parte crucial de la economía estadounidense”.