Naciones Unidas, Estados Unidos. El tratado para la protección de la altamar, que se espera que entre en vigor este año, proporcionará las herramientas para conservar y gestionar de forma sostenible la biodiversidad en la mayor parte de mares y océanos que no pertenecen a nadie.
Conocido como Tratado de Alta Mar o iniciativa 30x30 de Naciones Unidas, ese convenio pretende proteger el 30% de los océanos de la Tierra para el año 2030.
El tratado fue adoptado por los estados miembros de la ONU en junio de 2023. Hasta ahora ha sido firmado por 116 países y ratificado por 31 (principalmente europeos y del Pacífico), así como por la Unión Europea.
Pero Francia, que alberga esta semana en Niza la conferencia de la ONU sobre los océanos, asegura que hasta la fecha lo han ratificado medio centenar de países. El texto entrará en vigor 120 días después de que 60 países lo hayan hecho.
Estados Unidos firmó el tratado en 2023 bajo el mandato de Joe Biden, pero parece poco probable que la administración de Donald Trump lo ratifique.
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Altamar y fondos marinos
El objetivo principal es la conservación “inmediata y a largo plazo” y la explotación sostenible de la biodiversidad marina en las zonas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales: casi la mitad del planeta.
La normas del texto se aplicarán sobre las aguas internacionales, es decir, la parte de los océanos situada más allá de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de los estados, que se extienden como máximo a 200 millas náuticas (370 km) de la costa.
También se aplicará a los fondos marinos y al subsuelo de las aguas internacionales, lo que se conoce como la “Zona”.
Océano dividido
La futura Conferencia de las Partes (COP, el órgano decisorio) tendrá que tratar con otras organizaciones mundiales y regionales que actualmente tienen autoridad sobre partes del océano para hacer cumplir sus decisiones.
En particular, las organizaciones regionales de pesca y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM), que actualmente expide contratos de exploración minera y está negociando un “código minero”.
La cuestión de la jurisdicción de la futura CP sobre los fondos marinos se complica aún más con la reciente decisión unilateral de Donald Trump de acelerar la concesión de permisos de explotación minera submarina en aguas internacionales. Estados Unidos no es miembro de la IAMF.
Zonas marinas protegidas
La herramienta emblemática del futuro tratado será las zonas marinas protegidas, que actualmente existen principalmente en aguas territoriales.
Con base en la ciencia, la COP, a propuesta de uno o varios estados, podrá crear estos santuarios en zonas únicas, especialmente frágiles o importantes para las especies amenazadas.
Como en otras COP, en particular las relativas al cambio climático, las decisiones se tomarán generalmente por consenso. No obstante, en caso de bloqueo, podrán aprobarse por mayoría de tres cuartos.
El tratado no detalla cómo garantizar la aplicación práctica de las medidas de protección en estas vastas y remotas extensiones de tierra, tarea que corresponderá a la COP.
En cualquier caso, cada estado es responsable de las actividades sobre las que tiene jurisdicción, incluso en alta mar, por ejemplo las de un barco que navegue con bandera de su país.
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Recursos genéticos marinos
Cada Estado, marítimo o no, y cualquier entidad bajo su jurisdicción, podrá recolectar plantas, animales o microbios en alta mar, cuyo material genético podrá luego ser utilizado, incluso comercialmente, por ejemplo por las empresas farmacéuticas que esperan descubrir moléculas milagrosas.
Para garantizar que los países en desarrollo no se vean privados de su parte de un pastel que no pertenece a nadie, el tratado establece el principio de “reparto justo y equitativo de los beneficios” asociados a los recursos genéticos marinos.
El texto prevé el reparto de los recursos científicos (muestras, datos genéticos en una “plataforma de acceso abierto”, transferencias de tecnología, etc.), así como de los posibles ingresos.
Estudios de impacto
Antes de autorizar una actividad en aguas internacionales realizada bajo el control de un determinado país, éste tendrá que estudiar sus posibles consecuencias sobre el medio marino en el caso de que el impacto previsto sea “más que menor y transitorio”, y publicar a continuación una evaluación de impacto periódica.
Será el estado interesado el que decida si autoriza una actividad, para pesar de las ONG que esperaban que la COP tuviera el control de esta decisión.
Además de excluir las actividades militares, el tratado no enumera las actividades afectadas, que podrían incluir la pesca, el transporte, la minería submarina o incluso las técnicas de geoingeniería marina para mitigar el calentamiento global.