Por la noche, cientos de manifestantes derribaron las barreras que protegen la entrada del Parlamento regional, por lo que la Policía autónoma intervino, mientras algunos militantes independentistas radicales les lanzaban piedras y trataban de montar barricadas con cubos de basura, antes de que la situación volviera a la calma.

A la marcha también asistió el presidente regional, Quim Torra, fuertemente abucheado por los asistentes.

“Abandonad la sumisión al Estado español (...) o dimitid”, le gritó una mujer desde el escenario, mientras la multitud le gritaba “el pueblo manda, gobierno desobedece”.

"Estamos algo decepcionados porque el pueblo empuja todo lo que puede e incluso más y ellos (los políticos) no responden", se quejó por su parte Francesc Serra, un jardinero de 43 años, en una multitudinaria manifestación en Barcelona la tarde del lunes.

En las protestas matutinas de los llamados los Comités de Defensa de la República (CDR) también se escucharon gritos contra el presidente regional: "Torra dimisión", "tu presidencia se ha acabado", gritaban entre banderas secesionistas y botes de humo amarillo.

“Recuerdo el 1.° de octubre con pena, dolor y orgullo por lo que conseguimos pero también desilusionada porque no han cumplido con lo que nos prometieron”, dijo Ana Sarabia, de 48 años.

Además de bloquear varias calles del centro de Barcelona, colapsando en ocasiones la circulación, estos grupos radicales también cortaron durante dos horas la línea del tren de alta velocidad con Francia y varias autopistas.

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Ruptura o diálogo

La división en el independentismo es entre quienes apuestan por continuar con la vía de ruptura unilateral y los partidarios del diálogo iniciado por el nuevo presidente Quim Torra con el gobierno español del socialista Pedro Sánchez.

Esto ocurre un año después de que un frente independentista unido impulsara el referendo, bajo el gobierno regional de Carles Puigdemont, y luego, el 27 de octubre, el Parlamento regional proclamó una república que nunca se llegó a aplicar.

Incluso Puigdemont, desde Bélgica, parecía desmarcarse ligeramente de la estrategia de los nuevos dirigentes, que por ahora han aparcado la vía de la desobediencia.

"No nos entretengamos demasiado con el juego de espejos y lentejuelas con que el Estado intenta maquillar su deteriorada imagen internacional (...) Vayamos tirando como decidimos hace un año", aseguró en un vídeo colgado en Twitter.

La movilización de este lunes se produjo a dos días de que la Policía regional, controlada por Torra, hiriera a 24 independentistas y detuviera a otros 6 cuando intentaban ingresar al sector donde se desarrollaba una manifestación para homenajear a los agentes enviados hace un año por Madrid para evitar el referendo.

En este contexto, Torra aplaudió las acciones de los CDR: “Hacen bien en apretar”, aseguró en un acto en Sant Julià de Ramis, el pueblo donde la Policía impidió el voto de Puigdemont en la consulta del 2017.

“Este es un momento en que todos debemos contribuir cada uno desde su papel institucional a llamar a la serenidad y al orden”, le respondió en Madrid el ministro de Relaciones Exteriores, Josep Borrell.

La votación del año anterior supuso el momento de máxima tensión con el gobierno español dirigido entonces por Mariano Rajoy tras años de auge del independentismo en esta región de 7,5 millones, dividida a partes iguales sobre la secesión.

A pesar de la prohibición explícita de la justicia y el envío de miles de policías por parte del Gobierno español, los dirigentes independentistas tiraron adelante esta votación con la colaboración de miles de ciudadanos anónimos.

Con órdenes de incautarse del material electoral, los agentes policiales cargaron con mucha contundencia contra las decenas de electores que se concentraban frente a los puntos de votación.

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Esas imágenes “dañaron gravemente la reputación española”, afirmó la portavoz gubernamental, Isabel Celáa.

Pero no es un "día para celebrar en absoluto para el imaginario independentista que se dio de bruces con el principio de realidad", añadió.

Y es que cuando el Parlamento catalán declaró la independencia cuatro semanas después, ningún país la reconoció y el ejecutivo español de Rajoy no tuvo problemas para destituir al ejecutivo regional y disolver la cámara para convocar nuevos comicios.

Siete de los responsables de ese intento de secesión, como el mismo Puigdemont, se encuentran ahora en el extranjero y otros nueve están en prisión a la espera de ser juzgados por rebelión, delito por el que pueden condenarles a hasta 25 años de cárcel.

Con la llegada de Sánchez en junio, prometiendo un acercamiento a Cataluña, se restablecieron los contactos entre ambos gobiernos pero la solución todavía se augura lejana por sus posturas radicalmente opuestas sobre permitir o no un referéndum legal en Cataluña.