Ciudad de Guatemala. Por más de una década, el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) trajo al país centroamericano la esperanza de que se podía combatir a la corrupción. Ahora, al aproximarse el fin de su mandato, muchos temen un retroceso en la lucha contra la impunidad.

“Llegamos casi al núcleo del problema de la captura del Estado guatemalteco... tocamos fuertemente la impunidad del poder”, describió en una entrevista con The Associated Press el abogado colombiano Iván Velásquez, titular de la Comisión, quien teme por los logros obtenidos y el futuro de la Justicia.

La Comisión de las Naciones Unidas, que llevó a juicio a tres expresidentes y a cientos de empresarios, funcionarios, jueces y civiles acusados de corrupción, terminará sus funciones el 3 de setiembre luego de que el gobierno del presidente Jimmy Morales decidió no renovar su mandato.

A un día de la partida de la Cicig, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), detuvo a la excandidata presidencial Sandra Torres por presuntamente financiar ilegalmente en el 2015 al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que lanzó su candidatura, uno de los casos de alto impacto que investigó junto a Cicig.

Los guatemaltecos temen que el fin de sus labores deje en la nada los casos judiciales en proceso, debilite a la FECI y se produzca una posible venganza de parte de los acusados.

Miguel Ángel Gálvez, el juez que procesó y encarceló al expresidente Otto Pérez Molina en el 2015, reconoció ese miedo.

“Considero que ya hemos retrocedido mucho”, con la salida de la Cicig del país, manifestó. “Pero sin fiscales que conozcan los casos ¿qué va a pasar?”, agregó tras advertir de que en las investigaciones “donde ya se está dictando sentencia así ha pasado, los casos se están cayendo”.

Muestra de ese temor es la reciente absolución del hijo y el hermano del presidente Morales, acusados de peculado y lavado de dinero por supuestamente falsificar facturas y simular una licitación para quedarse con dinero del Estado. A pesar de que el hijo del mandatario confesó el hecho, fue absuelto.

A Morales le quedan menos de cinco meses de gobierno y su sucesor, el presidente electo Alejandro Giammattei, no ha mostrado interés en solicitar de nuevo la intervención de Naciones Unidas aunque anunció la creación de una comisión contra la corrupción con apoyo financiero de Estados Unidos.

Justicia cuestionada

La cooptación del Poder Judicial por parte del Ejecutivo, según analistas, se puede palpar en las decisiones de los jueces de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, cuestionada por sus fallos a favor de los acusados de corrupción.

La Sala revirtió las condenas emitidas por un tribunal contra empresarios y funcionarios acusados de uno de los casos más importantes investigados por la FECI y la Cicig: las irregularidades en la compra de medicamentos para el sistema de seguro social. El mismo tribunal también protegió al fallecido alcalde capitalino Álvaro Arzú para que no fuera investigado por corrupción.

Uno de los jueces que integra esa sala, la magistrada Beyla Estrada, es la esposa del secretario de Comunicación del presidente Morales.

Velásquez dijo que la experiencia le enseñó que en una lucha contra la corrupción sistémica estructural “es indispensable empezar por tener un sistema de justicia independiente, honorable”.

Pero el mayor caso investigado por la Cicig y la FECI conocido como “La línea”, que llevó a prisión a Pérez Molina, su vicepresidenta Roxana Baldetti y casi todo su gabinete por una defraudación aduanera se estima habría alcanzado los $65 millones, aún no ha sido juzgado y existe temor de que quede en suspenso ante la falta de respaldo del ente internacional.

El caso está programado para llegar a juicio en marzo del 2020.

¿Viene la venganza?

Y aunque la fiscala general de la República, Consuelo Porras, ha ofrecido fortalecer la FECI, pocos tienen fe en sus palabras. Porras decidió no contratar a ningún guatemalteco que haya trabajado en la Comisión, perdiendo con ello el conocimiento profundo que tenían de los casos.

Porras fue electa por Morales para ocupar el cargo.

Los ataques contra los fiscales de la FECI son otro temor de los activistas.

“Lamentablemente hay temor de que haya una venganza contra operadores de justicia. Vimos todo lo que invirtieron estas estructuras para anular esta Comisión y para anular casos. Da cierto temor a que ellos intenten reprimir a los activistas, operadores de justicia y periodistas con la intención de revertir todo”, declaró Eleonora Muralles, activista de la organización Movimiento Pro Justicia.

La fiscala Cinthia Monterroso denunció a una de las juezas más reconocidas que ha emitido resoluciones contra el sector empresarial, Ericka Aifán, en lo que muchos creen es el inicio de la criminalización de sus decisiones. Monterroso confirmó la denuncia, pero no quiso ahondar.

Juan Francisco Sandoval, el titular de la FECI, enfrenta 22 juicios de parte de amigos, familiares y acusados de corrupción y según Gálvez “las amenazas a jueces también han aumentado”.

La tensión entre la Cicig y Morales comenzó en enero el 2017 tras las acusaciones contra su hijo y su hermano, y recrudecieron poco después de mitad de año ese cuando la Comisión pidió que se le retirara la inmunidad a Morales para investigarlo por supuesto financiamiento electoral ilícito. Pero el Congreso lo protegió y el presidente evitó la investigación.

Morales decidió entonces no renovar el mandato de la Cicig alegando que se había extralimitado en su accionar, declaró persona no grata al abogado colombiano Iván Velásquez, jefe de Comisión, negó visados y permisos de trabajo al personal internacional de la CICIG y retiró los equipos y el personal gubernamental que la integraban.

También intentó, sin éxito, poner fin unilateralmente al mandato de la Comisión en enero del 2019, pero una decisión de la Corte de Constitucionalidad le permitió a la Cicigseguir trabajando.

Distinta suerte corrió Velásquez, a quien Morales finalmente le impidió la entrada al país.

La obra de Cicig

Durante su mandato, la Cicig desmanteló 70 estructuras criminales y llevó al procesamiento de 670 personas de las cuales 70% tiene una medida sustitutiva de prisión. También se dictaron unas 400 sentencias, hubo alrededor de 100 solicitudes de retiro de inmunidad de funcionarios y se promovieron 30 iniciativas de ley.

En el plano económico se obtuvieron al menos $60 millones en resarcimientos y otros $100 millones están en proceso de extinción de dominio de solo dos de los 120 casos que llevó la Comisión.

La instalación de la Comisión también permitió la implementación de métodos especiales de investigación como las escuchas telefónicas.

De acuerdo con dos encuestas realizadas por la empresa Pro Datos, en abril el 72% de la población avaló la actuación de la Cicig, mientras que en agosto poco más de 76 % rechazó la gestión de Morales.

Para la ex fiscala general Claudia Paz y Paz, la Cicig “develó el funcionar de todo un sistema que tiene cooptado al Estado... El mayor legado de la Cicig es la conciencia de cómo funcionan esas redes, cómo el retraso, la pobreza, la exclusión y la violencia no son casuales en el país”.

Pero Max Quirín, un empresario condenado por corrupción a quien la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones absolvió, ve con otros ojos lo hecho por la Cicig.

En una carta pública dijo que “es oportuno también traer a la memoria la gran cantidad de abusos que cometió, las transgresiones al marco legal que infringieron y los actos perversos que con fines políticos y personales lideraron. Su actuación dista mucho del objetivo de un Estado de Derecho que todos buscamos”.

La sede de la Cicig será demolida y en su lugar se construirá un complejo comercial.

En un discurso de cierre Velásquez puntualizó que el trabajo hecho permitió ver “los vínculos entre la política y la corrupción y entre el lavado de dinero y la política; las relaciones entre jueces y abogados constituidos en bufetes de la impunidad; redes de narcotráfico y poder local; empresarios financiando ilícitamente campañas políticas y obteniendo los beneficios de la contratación estatal y, en todo caso, distorsionando la democracia”.

Pero no todo está perdido, según Velásquez. “Es necesario una unión entre todos los sectores guatemaltecos que estén por la democracia, para que se unan y establezcan los puntos mínimos por la democracia”.