Washington. Estados Unidos lo acusa de atentar contra la independencia de poderes. Bukele les recrimina que financian la oposición. Las relaciones de Washington y El Salvador “no están sólidas”, y son otro frente abierto para Joe Biden en Centroamérica.
Washington ha cortado ayuda financiera y San Salvador prepara una ley para fiscalizar los aportes de los "agentes extranjeros", entre ellos entidades estadounidenses, a organizaciones críticas de Bukele.
"No están sólidas. Estamos en un momento muy complicado con el gobierno de El Salvador (...) No podemos mirar a otro lado cuando hay un declive en la democracia", dijo la jefa de la delegación diplomática estadounidense en San Salvador, Jean Manes.
Arropado por un gran apoyo popular, Bukele, un millennial de 40 años, llegó al poder en 2019 y consiguió una aplastante mayoría en el Parlamento en 2021.
Al asumir el 1 de mayo, el nuevo Parlamento oficialista destituyó a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, a quienes Bukele había criticado por bloquearle sus planes anticovid, y removieron al fiscal general.
En septiembre, la nueva Sala Constitucional interpretó un artículo de la Carta Magna para dar luz verde a que Bukele pueda postularse a la reelección en 2024, pese a que la ley lo prohíbe.
"El gobierno ha creado el escenario perfecto en donde no tiene ningún obstáculo para promover sus políticas", consideró Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, una ONG anticorrupción de El Salvador.
La llegada del "outsider" Bukele auguraba buenas relaciones con Washington. Liberal conservador y entonces crítico de China por "no respetar las reglas del comercio", visitó a Donald Trump en la Casa Blanca y lo llamó "aliado y amigo".
"Trump solo le pidió que no dejara ir a los salvadoreños hacia Estados Unidos (...) Biden le pide no solo a El Salvador sino a los países con los que trabaja que combatan la corrupción, y al gobierno de Bukele que respete la democracia, la separación de poderes", explicó el exembajador salvadoreño en Washington, Rubén Zamora.
Para el presidente estadounidense, Joe Biden, la corrupción y los problemas con la democracia son la causa de fondo de la creciente migración centroamericana hacia Estados Unidos.
La situación con Bukele se suma a los cuestionamientos a la democracia en Nicaragua, de narcotráfico en Honduras y de corrupción en Guatemala.
"Es posible pensar que Estados Unidos puede tomar decisiones que en un momento podrían afectar al país", comentó Escobar.
En Estados Unidos viven 2,5 millones de salvadoreños, que con sus remesas aportaron en 2020 a la economía salvadoreña 5.918 millones de dólares, más de un 20% del PIB del país.
Washington cortó la ayuda al estado salvadoreño a través de su agencia de cooperación USAID y la redireccionó a la sociedad civil para la lucha contra la corrupción.
El Salvador reaccionó con un acuerdo de cooperación no reembolsable de 500 millones de dólares para infraestructura con China.
A Estados Unidos le preocupa "también el acercamiento que se está teniendo con otros países como China, que le están disputando la hegemonía en la región", dice René Martínez, sociólogo de la Universidad de El Salvador.
A las críticas de la comunidad internacional, Bukele suele responder con irreverencia. Recientemente se autodenominó "dictador" o "emperador".
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"El gobierno se pelea con todo el que se atreva a cuestionar sus decisiones, y eso ha sucedido hasta con el que ha sido su principal socio", consideró Escobar.
Recientemente, el gobierno de Bukele presentó al Congreso un proyecto de Ley de "Agentes Extranjeros".
Con esa ley "se busca la prohibición de injerencia extranjera y se impide que fundaciones y ONG de fachada disfracen de donación lo que claramente es una intervención para patrocinar asuntos políticos", aseguró el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain.
El relator especial de la ONU para la libertad de Asociación, Clement Voule, expresó el miércoles en Twitter su preocupación por la propuesta "sin asegurar la participación" de la sociedad civil.
Todo esto ocurre en momentos en que El Salvador negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un acuerdo de 1.300 millones de dólares para sanear sus arcas. Su deuda pública equivale a casi el 90% del PIB.
Gerry Rice, vocero del FMI, dijo recientemente que El Salvador debía "volver a evaluar" algunas políticas, mientras avanzan las conversaciones.
Sobre todo tras el ingreso del bitcóin como moneda de curso legal, volátil pero con importantes alzas en los últimos meses.
"El acuerdo con el FMI es un diálogo aparte, ya sea que estén tensas o no las relaciones" con Washington, dijo a la AFP Saúl Baños, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró que las negociaciones continúan, pero la realidad es que Estados Unidos es quien más aporta al FMI.