Santiago. Implementar una nueva Constitución o iniciar la redacción de otro proyecto son los escenarios que se abrirán en Chile tras el resultado del plebiscito constitucional de este domingo. Los chilenos están llamados a las urnas para “Aprobar” o “Rechazar” el texto que durante un año elaboró una convención constitucional, para reemplazar la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Según encuestas, el rechazo es la opción en ventaja. Pero cualquiera sea el resultado, un amplio consenso político y ciudadano, dicen sondeos, es proclive a iniciar la misma noche del domingo un nuevo proceso de reformas y se han trazado distintas "hojas de ruta".
"Existe un consenso de que la Constitución de 1980 ya no va más y que pasaríamos a otra que es el resultado de un proceso democrático que también tiene ámbitos avanzados por el establecimiento de derechos sociales, políticos y económicos", declaró a la AFP Cecilia Osorio, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.
La ley que regló el proceso constitucional en Chile indica que de ganar el “apruebo”, la nueva Constitución se pondrá en vigencia 10 días después del plebiscito. Si es rechazada, se mantiene el texto vigente. La nueva Constitución deroga la de 1980 que es considerada la base de un modelo que permitió décadas de estabilidad y crecimiento económico pero con una sociedad profundamente desigual.
El texto propuesto acaba con el Estado que privilegia la iniciativa privada e implementa un “Estado social de derechos”. Definirá también a Chile como un estado plurinacional que reconoce la autonomía de los pueblos indígenas. Incorpora una democracia paritaria, con un 50% de mujeres en puestos estatales, permitirá además la interrupción del embarazo y reconocerá las diversidades sexuales.
Para implementarla se activarán 57 normas transitorias, mientras que todos los derechos y normas de la nueva Constitución quedarán sujetos a la elaboración de leyes en el Congreso. Los plazos de implementación se extienden hasta octubre de 2028.
Conscientes de que el texto aprobado puede ser también reformado, partidarios del “Apruebo” se han abierto también a “analizar” cambios al texto constitucional en el Congreso. Para Marisol Peña, académica del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, estos compromisos políticos buscan introducirle modificaciones a la nueva Constitución “para que sea más realista, más viable y que interprete mejor a los chilenos”.
De ganar el rechazo, el presidente Gabriel Boric anunció que convocará a empezar desde “cero”, con la elección de una nueva Convención y la redacción completa de un nuevo texto. De acuerdo a Boric, el plebiscito que habilitó este primer proceso constitucional, en el que un 78% de los chilenos aprobó reformar la Carta Magna, terminó por sepultar definitivamente la Constitución de Pinochet.
Una eventual propuesta hacia una nueva Constitución debe sin embargo pasar por el Congreso, actualmente empatado en las fuerzas políticas, donde no hay acuerdo en los términos de otro proceso constituyente ni condiciones que fueron muy populares entre la ciudadanía, como la inclusión de la paridad de géneros y escaños indígenas, algo que en estos momentos dirigentes más conservadores no están dispuestos a considerar.
Bajo el lema “rechazar para reformar”, partidarios de esta opción se comprometieron en avanzar en enmiendas a la actual Carta Magna. Para ello, impulsaron en el Congreso una ley que rebaja el quorum para poder modificarla.
“Tomaron muchos temas que el proyecto de constitución releva, pero lo que han propuesto es como un listado de intenciones que no queda claro cómo lo van a articular. Además, en su trayectoria histórica, la derecha chilena no ha estado disponible para reformar la Constitución”, manifestó Osorio. Pero hay otros grupos a favor del rechazo que buscan la redacción de una nueva Constitución y han llamado a apostar por “una (nueva) que nos una”.
Desinformación busca opacar el plebiscito
El argumento de que hay personas fallecidas habilitadas para votar este domingo es usado junto a otros alegatos para sembrar la duda sobre un posible fraude en el plebiscito constitucional de Chile y así deslegitimar el triunfo del campo contrario.
Por ejemplo, la imagen de un detenido desaparecido durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) circula en redes sociales asegurando que estaría habilitado para votar , y se usa como muestra de un supuesto fraude.
Esas publicaciones son engañosas ya que los nombres de los desaparecidos en Chile figuran por ley desde febrero de 2021 en el padrón electoral chileno como un “memorial cívico”. Por este motivo, el Servicio Electoral de Chile (Servel) los incluye con la aclaración de que se trata de una “persona ausente por desaparición forzada”.
El Servel, organismo encargado de la organización y fiscalización del proceso electoral, salió a desmentir en sus redes sociales piezas de desinformación que lo señalan como parte del fraude previo al plebiscito.
“Otro escándalo del Servel (...) figura, para votar, un bebé varón que falleció en 1971 a los 6 meses de edad”, dicen publicaciones que plantean la posibilidad de que pudiese haber casos de suplantación de identidad a la hora de votar. Sin embargo, el equipo de AFP Factual corroboró a través de una búsqueda en el padrón electoral del Servel que el fallecido no se encuentra habilitado para votar y el organismo aclaró que esa persona sí figuró habilitada en 2021, porque hasta mayo de 2022 no recibió su certificado de defunción.
Andrés Tagle, titular del Servicio Electoral, dijo a la AFP que pese a la desinformación y los cuestionamientos que circulan en redes contra el Servel, solo se ha presentado una denuncia formal.
Según Tagle, la existencia de personas fallecidas en el padrón electoral está dada por “defunciones que ocurrieron en el extranjero”, por lo que el organismo no cuenta con el certificado de la defunción, o por “defunciones muy antiguas que el servicio de Registro Civil no tiene incorporadas a sus sistemas computacionales”.
Además, aclaró que existen procedimientos de identificación en las mesas de votación que impiden la suplantación de identidad al momento de sufragar.
