Bruselas. Plataformas de desembarco de migrantes fuera de la Unión Europea (UE), centros “controlados” en territorio comunitario y una mayor protección de las fronteras exteriores del bloque.
Estos son los principales puntos del acuerdo alcanzado el viernes entre los dirigentes europeos sobre migración.
Plataformas de desembarco
Los 28 países de la UE urgen a las instituciones comunitarias a “explorar rápidamente el concepto de plataformas regionales de desembarco” fuera de Europa, presumiblemente en el norte de África, en cooperación con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Los migrantes rescatados en aguas internacionales serán trasladados a estas plataformas financiadas por la UE, donde se hará una selección entre quienes pueden aspirar a obtener asilo en Europa y los migrantes económicos, todo esto “respetando plenamente el derecho internacional”.
El problema es que hasta ahora ningún país fuera de la UE se ha ofrecido a acoger estas plataformas. Marruecos y Albania ya han anunciado que se opondrán.
Hay también muchas interrogantes entre los países europeos sobre si estas “plataformas” y los desembarcos fuera de Europa son compatibles con el derecho internacional.
Centros ‘controlados’
Otra de las propuestas clave para hacer frente al desafío migratorio es la creación de “centros controlados” en la UE, a donde serán llevados los migrantes rescatados en aguas europeas.
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Allí se llevará a cabo una selección entre esas personas, para dilucidar quiénes tienen derecho a asilo y quienes no. Estos últimos serán enviados de vuelta a sus países de origen mientras quienes obtengan la protección de la UE serán repartidos entre países “voluntarios” a acogerlos.
La acogida de estos centros, financiados con recursos europeos, será también voluntaria.
‘Movimientos secundarios’
Los europeos se comprometen también a luchar contra los movimientos migratorios entre los países de la UE, un fenómeno conocido como “movimientos secundarios”.
“Los Estados miembros deben tomar todas las medidas legislativas y administrativas internas necesarias para controlar dichos movimientos y cooperar estrechamente entre ellos con este fin”, se asegura en las conclusiones.
Los “movimientos secundarios” están en el corazón de las tensiones entre la canciller alemana, Ángela Merkel, y su aliado bávaro, que amenaza con rechazar unilateralmente en la frontera sur de Alemania a los migrantes registrados en otros países si no se encuentra una solución europea a este problema.
Muchos de quienes llegan a las costas europeas tienen como meta Alemania, primera economía europea.
Fronteras exteriores
Los 28 prevén también otorgar más recursos y mayores prerrogativas a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). Sin embargo, en las conclusiones no se comunicaron cifras.
Instan también a brindar más apoyo a los guardacostas libios y llaman a “todos los barcos que patrullan en el Mediterráneo” a “respetar las leyes y a no obstaculizar los operativos de los guardacostas libios”.
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También acordaron desbloquear un segundo paquete de 3.000 millones de euros del fondo destinado a los refugiados en Turquía e inyectar fondos de la UE para África, para combatir las causas de las migraciones.
Reglamento de Dublín
Los dirigentes europeos apuntan también entre sus objetivos reformar el Reglamento de Dublín “con base en un equilibrio entre responsabilidad y solidaridad”.
No obstante no comunican ninguna fecha sobre cuándo podría ser reformada esta legislación europea que establece que el país europeo que un migrante pisa en primer lugar es el responsable de gestionar su solicitud de protección internacional, algo insostenible para los países mediterráneos, que reclaman mayor solidaridad de sus socios.
En principio, se esperaba que durante la cumbre de este jueves y viernes se encontrara un compromiso, pero las divergencias son aún demasiado importantes para lograr reformar este reglamento.
La Comisión propone saltarse este principio en período de crisis y proceder a una repartición obligatoria de los solicitantes de asilo entre los diferentes países europeos. Pero naciones como Hungría, Polonia y Austria se oponen firmemente.
Italia pide, por su parte, un sistema de cuotas y que se abandone esta legislación que otorga toda la carga al país de llegada.