“En este momento, Italia no está en la misma onda” reconoció una fuente europea, que quiso preservar su anonimato, tras la reunión urgente del viernes en Bruselas para tratar la cuestión migratoria en Europa.
Italia esperaba que esta cumbre sirviera para solucionar la situación del Diciotti, una embarcación de los guardacostas italianos que estaba bloqueada en el puerto de Catania (Sicilia) con 150 migrantes a bordo.
Sin embargo, la Comisión Europea, que había “invitado” a 12 países miembros, aseguró que se trataba de una reunión informal sobre las “soluciones sostenibles” para hacer frente a la acogida de refugiados y la repartición de las responsabilidades.
"La discusión no resultó negativa, todo el mundo está de acuerdo en que hace falta superar la situación actual en que se trata cada caso de forma aislada", subrayó esta misma fuente europea.
Pero mientras el gobierno italiano pide más solidaridad a la UE, los otros dirigentes respondieron que estos últimos tienen que aceptar "la lógica de la cooperación" y estar "de acuerdo en los principios", añadió.
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Italia considera que ya asumió una responsabilidad excesiva en la acogida de migrantes y refugiados que cruzan el Mediterráneo. Pero la Comisión y los estados miembros piden a Roma que acepte las reglas establecidas.
"Nadie consiguió, pese a las propuestas de la Comisión y del Parlamento, establecer una forma de solidaridad obligatoria. Es esto lo que bloquea", considera la eurodiputada socialista Sylvie Guillaume, que forma parte de la comisión de Asuntos interiores del Parlamento Europeo.
Según Guillaume, la cuestión de los puertos de desembarco no tiene solución mientras no se resuelva el problema de la repartición.
Ante la amenaza del vicepresidente del Consejo de Ministros italiano, Luigi Di Maio, de que Italia dejaría de pagar sus contribuciones al presupuesto de la UE si no encontraban una solución al caso del Diciotti, la respuesta de Bruselas fue inmediata.
“La UE es una comunidad de reglas y ella actúa en función de reglas, no de amenazas”, aseguró un vocero de la Comisión Europea, Alexander Winterstein.
Los dirigentes europeos basan su posición en dos argumentos: el derecho internacional, que rige los desembarcos, y sus propias decisiones políticas.
Los 28 países miembros acordaron hacer una distinción clara entre los migrantes "económicos", que deben ser reenviados a sus países de origen, y los refugiados políticos.
Sin embargo, tras su investidura en junio, el gobierno populista derechista italiano pide una repartición de los migrantes antes de que desembarquen en las costas europeas.
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Según la experta Marie De Somer del think thank European Policy Center (EPC), es evidente que hay una crisis de solidaridad, pero las posiciones de Italia y de la Comisión no son tan distintas.
"La Comisión y el Parlamento Europeo intenta favorecer una mejor repartición de la solidaridad. Reivindican la misma política (que Roma), es decir, que Italia no tenga que acoger a todos aquellos que lleguen a su frontera", explica esta analista.
No obstante, la reforma del reglamento de Dublín, que establece que las peticiones de asilo deben realizarse en el primer país en el que los migrantes y refugiados dejan sus huellas dactilares, lleva más de dos años sobre la mesa sin lograr avances significativos.
En el agitado Consejo Europeo de junio, los dirigentes de los 28 defendieron la creación de “centros controlados” en territorio europeo y de “plataformas regionales de desembarco” en países del norte de África.
