Además, poco antes de comparecer ante la prensa para decir que no recibió “ningún centavo” de esa red, el abogado del mandatario, César Calderón, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad –máxima instancia judicial del país– para detener el proceso legislativo que busca retirarle la inmunidad.
En su favor, el recurrente alega que la recomendación de la comisión del Congreso –emitida el sábado– de quitarle el fuero y someterlo a la Justicia es “incorrecta y apresurada” porque no tomaron en cuenta los argumentos de la defensa.
Para votar si se levanta la inmunidad, el Congreso llamó a una sesión plenaria este martes en la tarde. Se necesita como mínimo el apoyo de 105 (dos tercios) de los 158 diputados.
“Todos los diputados están convocados para la sesión”, que se prevé que empiece a las 2 p. m., dijo legislador opositor Carlos Herrera, integrante de la junta directiva del Parlamento.
Mas, si la Corte otorga el amparo de manera provisional –decisión que tomará en 24 o 48 horas– se suspendería la votación.
Acusaciones poco serias. El gobernante se aferró el lunes a la presunción de inocencia en relación con el denominado caso “La Línea”, que la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) destaparon en abril.
Afirmó que los cargos que se le imputan carecen de “seriedad” y “fundamento”, y no son suficientes para demostrar su vinculación con la estructura criminal.
En este sentido, con referencia a una escucha telefónica en la que pide cambiar a un empleado de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) , el general retirado reconoció que es su voz, pero arguyó que “no era una imposición” , sino una recomendación por la preocupación ante “la falta de recaudación” .
Aseveró que, justo en ese momento, el Poder Ejecutivo barajaba hacer “una intervención” en el órgano recaudador de impuestos, aunque al final solo quedó en una “intervención operativa” por impedimento legal, ya que se trata de un organismo que tiene autonomía.
Sobre un informe dirigido a él, en el cual se detallaba cómo funcionaba la SAT, Otto Pérez Molina sostuvo que nunca lo recibió y que prueba de ello es que no tiene membrete de recibido en ninguna dependencia del Gobierno.
Críticas a fiscala y Cicig. El presidente también hizo un repaso por las acusaciones del Ministerio Público y la Cicig. Dijo que cuando la actual fiscala general, Thelma Aldana, se postuló como magistrada para la Corte Suprema de Justicia, la Cicig la “vetó” .
“ Hay otros casos (como el de la fiscala) donde también han existido equivocaciones de la Cicig” , criticó Pérez Molina, quien aseveró, sin dar más detalles, que en algunos de ellos se “implantaron” pruebas y testigos.
El gobernante apeló a una justicia “pronta y cumplida”, pero “independiente y apegada a derecho” y reprochó que Aldana y el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, hayan recurrido los medios de comunicación haciendo una “condena adelantada” .
