“Llegó la hora de una coalición que reconstruya Nicaragua, que asegure la paz social... que nunca más un nicaragüense tenga que morir por su forma de pensar o tenga que huir de este país”, expusieron los opositores al proclamar la creación de la coalición en un hotel capitalino.
La nueva plataforma política está integrada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que desde abril del 2018 han liderado las protestas que reclaman la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
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La represión de las protestas dejó al menos 325 muertos, cientos de detenidos y 85.000 exiliados, mientras la economía cayó en una severa crisis.
Félix Maradiaga, directivo de la nueva organización, manifestó que "la ACJD y la UNAB han jugado un rol en esta etapa de lucha, pero requerimos de una Coalicion Nacional (...) para la defensa de los derechos humanos, la restitución de libertades civiles y desalojar del poder a los tiranos".
Llamado a fortalecerse
La ACJD ha sido la contraparte del gobierno en dos fallidos diálogo con el gobierno que buscaban una solución a la crisis política detonada por la represión a las protestas.
“Hacemos un llamado a los partidos políticos, a estudiantes, campesinos, exiliados y la diáspora que quieran sumarse a la coalición; aquí hay espacio para todos”, dijo la también líder de la agrupación, Ivania Álvarez.
“La Coalición Nacional está apostando a ser la fuerza opositora del país, una fuerza inclusiva donde puedan estar los jóvenes que venimos de los barrios y universidades”, declaró Álvarez, dirigente de la organización.
Álvarez, quien estuvo encarcelada por protestar contra el gobierno, dijo que la coalición se dará "un tiempo prudencial" para organizar el movimiento y "enfrentar a Ortega".
La proclama fue lanzada bajo una fuerte presencia de policías antimotines y tras semanas de críticas de la población ante una aparente “división” entre los opositores.
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El analista político Eliseo Núñez valoró positivamente la convocatoria a la unidad de los opositores, pues considera que la crisis política solo podrá resolverse por la vía electoral.
Sin embargo, opinó que previo a cualquier elección se deberá reformar la Ley Electoral, sustituir al actual tribunal de elecciones (proclive a Ortega) y desarmar a unos 2.000 paramilitares sandinistas. "De lo contrario, serán las elecciones más violentas de la historia de Nicaragua y probablemente de América latina", advirtió.
El gobierno no ha reaccionado sobre la formación del grupo. La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, dio declaraciones a los medios oficiales este viernes sin referirse al tema.
El exguerrillero Daniel Ortega, que retomó el poder en el 2007 y se reeligió en el 2011 y el 2016, ejerce control sobre el Consejo Supremo Electoral, el Poder Judicial y el Parlamento, donde el gobernante Frente Sandinista ocupa 63 de las 91 curules. El resto están en manos del Partido Liberal del expresidente Arnoldo Alemán y de otros pequeños grupos también aliados al sandinismo.
