"Salgamos todos en el lugar donde estemos” para realizar este sábado “piquetes express” en demanda de la pronta liberación de los detenidos por participar en las protestas antigubernamentales, dijo en rueda de prensa Violeta Granera, de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
La UNAB, es una coalición de más de 40 agrupaciones sociales y políticas de oposición, entre ellas la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que sostiene negociaciones con el gobierno para resolver la crisis que vive el país desde hace 11 meses.
En la jornada de negociaciones de este viernes, el gobierno y la alianza acordaron que el proceso para liberar a los presos iniciara “conciliando” las tres listas de detenidos, según un comunicado conjunto divulgado por la presidencia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que hay 647 detenidos por las protestas, mientras la oposición señala que son 807 y el gobierno reconoce 350.
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Durante esa conciliación, los privados de libertad serán ubicados en un régimen común conforme las normas establecidas por Naciones Unidas para el tratamiento de reos, con visitas en situaciones especiales y de emergencia, añade la comunicación.
El gobierno y la ACJD acordaron el miércoles pasado liberar a todos los presos considerados políticos en un máximo de 90 días.
La convocatoria a la protesta se realiza a una semana de una marcha opositora que fue violentamente reprimida por la policía en Managua. Más de un centenar de manifestantes fueron detenidos durante horas.
En septiembre pasado la policía declaró ilegal las manifestaciones, y desde entonces ha impedido cualquier tipo de protesta.
"Todas las movilizaciones son voluntarias y hay varias formas de desobediencia y de protesta hasta que salgamos de la dictadura”, declaró Granera en conferencia de prensa.
El plazo de 90 días para dejar en libertad a las personas detenidas durante las protestas, “es excesivo y estamos exigiendo que empiecen a salir” este fin de semana, señaló Granera.
Las protestas antigubernamentales estallaron el 18 de abril del año pasado en contra de una reforma a la seguridad social, pero tras la dura represión derivó en una demanda de renuncia de Ortega, acusado de actos de corrupción y de instaurar una dictadura.
