Nueva ley en Nicaragua restringe alianzas de oenegés solo a entidades estatales
Medios de comunicación exiliados cuestionan la nueva ley que obliga a las oenegés ‘a desarrollar alianzas con la dictadura sandinista’
Daniel Ortega y Rosario Murillo son quienes lideran el régimen impuesto en Nicaragua. Ambos consideran que China trata con respeto a Nicaragua, sin imponer condiciones para las relaciones entre ambas naciones. JAIRO CAJINA
San José. El gobierno de Nicaragua dictó este viernes una polémica normativa que obliga a las oenegésa trabajar únicamente en “alianzas de asociación” con entidades estatales.
La medida fue anunciada un día después de que Venezuela, un aliado de Managua, aprobara una ley sobre oenegés que, según activistas de derechos humanos, “profundizará la persecución” de críticos del presidente Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude en su reelección.
“A partir de la fecha los Organismos No Gubernamentales que funcionan en Nicaragua se regirán por un nuevo modelo de operatividad que hemos caracterizado como ‘Alianzas de Asociación’” con entidades del Estado, dijo el gobierno en un comunicado.
Nicaragua comenzó a endurecer las leyes sobre asociaciones civiles tras las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega en 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El gobierno izquierdista de Ortega, que consideró las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Washington, aseguró que algunas oenegés las financiaron. Desde entonces clausuró unas 3.600 oenegés, entre ellas la Cruz Roja Nicaragüense y entidades benéficas católicas.
“El nuevo modelo de operatividad” obliga a las oenegés a presentar a entidades estatales “propuestas específicas para programas y proyectos de Alianzas, alrededor de temáticas particulares”, dice el comunicado.
“El Gobierno y las entidades del Estado podrán, o no, aceptar las propuestas”, y “ningún programa o proyecto será objeto o sujeto de exoneraciones u otros beneficios fiscales”, indica.
Agrega que solamente “una vez que el proyecto se desarrolle” la ONG “puede proponer otra (una nueva) alianza de asociación”.
Medios opositores nicaragüenses editados en el exilio criticaron la nueva norma que regula la labor de las oenegés.
“De ahora en adelante, las pocas organizaciones que quedan en pie en Nicaragua [...] deberán presentar un proyecto que sea manejado en alianza con la dictadura sandinista en Nicaragua”, dijo el portal 100% Noticias.
Daniel Ortega Daniel Ortega, quien gobierna en Nicaragua, junto con su esposa Rosario Murillo. La dictadura sandinista mantiene una persecusión constante a diferentes sectores de la sociedad nicaragüense. Entre ellos el gremio religioso, oenegés y medios de comunicación. Foto: AFP (CESAR PEREZ/AFP)
CIDH pide a Nicaragua cesar “represión generalizada”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este miércoles a las autoridades de Nicaragua a cesar “la represión generalizada y la persecución religiosa en el país” centroamericano.
En un comunicado, la CIDH mostró además su preocupación por “la continuación de detenciones arbitrarias y las graves condiciones en las que permanecen quienes están en prisión”.
El organismo cita como ejemplo la detención en agosto de dos colaboradoras de la Iglesia católica y de 12 sacerdotes, de los cuales siete fueron expulsados al Vaticano tras varios días de arresto en Managua.
Desde octubre de 2023, las autoridades desterraron o impidieron la entrada a Nicaragua de más de 200 personas relacionadas con la Iglesia, según la CIDH.
El gobierno de Daniel Ortega sostiene que la Iglesia apoyó las protestas antigubernamentales de 2018, que califica de intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
En aquellas manifestaciones murieron más de 300 personas, según la ONU.
La vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, ha acusado a los religiosos de ser “hijos del demonio” o “agentes del mal” que hacen “terrorismo espiritual”.
La CIDH denuncia también la detención arbitraria de al menos 141 personas, que se encuentran en condiciones de insalubridad, con escaso acceso a agua potable, alimentación adecuada y atención médica. Y alerta sobre la falta de información oficial respecto al paradero y condición de salud de siete arrestados.
