EscucharCaracas. Nicolás Maduro, exigió este lunes a los poderes del Estado de Venezuela actuar con “mano de hierro” ante los supuestos crímenes de odio que, según él, surgieron en las protestas contra su controvertida reelección. Las manifestaciones dejaron un saldo de 25 muertos y 192 heridos.
Maduro fue proclamado ganador con el 52 % de los votos, asegurando un tercer mandato de seis años. Sin embargo, la oposición, encabezada por María Corina Machado y su candidato Edmundo González Urrutia, denunció fraude y reivindicó la victoria en los comicios del 28 de julio. El mandatario consideró estas acusaciones como una incitación a un “golpe de Estado” y una “guerra civil”.
“Exijo a todos los poderes del Estado mayor celeridad, mayor eficiencia y mano de hierro frente al crimen, frente a la violencia, frente a los delitos de odio, mano de hierro y justicia severa, certera, hacer valer los principios constitucionales”, indicó Maduro durante una reunión con las autoridades.
El presidente también cuestionó la desaparición pública de los líderes opositores. “¿Dónde están los autores intelectuales de esta violencia? ¿Dónde están los financistas de esta violencia? ¿Dónde están los que planificaron? (...) ¿Dónde está el señor Edmundo González Urrutia? ¿Por qué huye? ¿Por qué teme? ¿Por qué no da la cara? ¿Dónde está la fascista mayor, la señora Machado, que manda a matar, manda a asesinar?”, expresó Maduro.
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González Urrutia, quien representó a Machado en la boleta electoral tras su inhabilitación, no ha aparecido en público desde hace casi dos semanas. Mientras tanto, la líder opositora se mantiene en la clandestinidad, afirmando que teme por su vida debido a la “masiva represión” que, según el gobierno, dejó más de 2.200 detenidos.
Las protestas estallaron horas después de que la oposición denunciara fraude y asegurara tener copias de más del 80 % de las actas para demostrarlo. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de estar al servicio del chavismo, no publicó el escrutinio detallado de la elección, argumentando que el sistema de votación fue jaqueado.
El chavismo desestimó las pruebas presentadas por la oposición, y Maduro acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para “certificar” su elección. Mientras tanto, Estados Unidos, varios países de América Latina y la Unión Europea (UE) solicitaron la publicación de las actas.
Investigación exhaustiva
La oposición y Estados Unidos mostraron disposición para una mediación que están llevando a cabo los gobiernos izquierdistas de Brasil, Colombia y México, en busca de una solución a la crisis. Washington negó el lunes haber ofrecido una amnistía a Maduro.
El fiscal general, Tarek William Saab, informó que las protestas dejaron un saldo oficial de 25 muertos y 192 heridos, incluidos dos militares. Esta cifra coincide con la proporcionada por organizaciones defensoras de derechos humanos, que denuncian una “escalada represiva”.
“Fueron asesinados por la extrema derecha (...) personas de buena voluntad, jóvenes”, afirmó Saab, mientras mostraba fotografías de algunos de los fallecidos. La mayoría de las víctimas murieron por impactos de bala entre el 29 y 30 de julio.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión internacional independiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, exigió una investigación exhaustiva de las muertes denunciadas en el marco de las protestas.
Señaló que, de confirmarse el uso abusivo de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados, los responsables deben rendir cuentas.
Por su parte, la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), que lleva años investigando a Venezuela por denuncias de violaciones a derechos humanos, anunció que sigue activamente los acontecimientos actuales y recibieron numerosos informes de violencia y otras denuncias tras las elecciones.
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Redes sociales
Maduro insiste en que es víctima de un “golpe de Estado ciberfascista”, mientras el Parlamento, controlado por el chavismo, impulsa una regulación para las redes sociales.
Esta iniciativa forma parte de un paquete de leyes promovido por el jefe parlamentario, que también incluye la aprobación de una ley para regular organizaciones no gubernamentales (ONG) y otra para castigar el “fascismo”, un término que el gobierno utiliza frecuentemente para referirse a sus detractores.
“Venezuela necesita reglamentar el funcionamiento de las redes sociales”, expresó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.
Maduro ya suspendió la red social X por 10 días, acusando a su propietario, Elon Musk, de incitar al odio y al fascismo. Este plazo terminará en principio el lunes 19 de agosto.
