El cuerpo de Acosta fue trasladado desde la morgue de Caracas para una "inhumación controlada", dijo el abogado Alonso Medina, indicando que así lo ordenó una jueza contra el deseo de la familia del capitán de la Armada de enterrarlo en la ciudad de Maracay (norte).
Participaron "cuatro, cinco familiares, y el resto eran puros funcionarios" de organismos como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, añadió Medina.
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El jurista y la esposa del oficial, Waleswka Pérez, aseguraron que fue un "procedimiento ilegal".
Medina comparó el caso con el del policía rebelde Óscar Pérez, sepultado el 22 de enero de 2018 sin consentimiento de sus parientes, tras ser abatido en una operación de organismos de seguridad.
Acosta, de 50 años, falleció el pasado 29 de junio en un hospital de Caracas, ocho días después de ser detenido acusado de participar en un supuesto plan para derrocar y asesinar al presidente Nicolás Maduro.
Fue internado tras sufrir un colapso en el tribunal adonde había sido llevado horas antes desde los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), donde estaba preso.
Según activistas de derechos humanos, ese día presentaba "graves signos de tortura" y estaba en silla de ruedas.
Dos militares fueron acusados por la muerte del oficial y permanecen bajo arresto.
Según Medina, este miércoles se hizo un "reconocimiento del cadáver" antes del traslado al cementerio.
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"Lo que refleja el acta de defunción es politraumatismo generalizado con objeto contundente (...), lo molieron a palos", aseveró el abogado.
La muerte del militar fue condenada por varios gobiernos, mientras la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se dijo conmocionada de que la misma hubiera podido ser resultado de torturas.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que la policía impidió que los medios cubrieran el entierro, llegando a intimidar con armas a los periodistas.
Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 614 “presos políticos”, de los cuales 107 son militares, aunque el gobierno rechaza considerarlos como tal.
