Caracas. Dos militares fueron detenidos y presentados ante la justicia en Venezuela por la muerte de un oficial bajo arresto, tras denuncias de “salvajes torturas”, caso por el cual la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se declaró “conmocionada”.

Una corte de Caracas dictó este lunes cárcel "preventiva" contra el sargento Estiben Zárate y el teniente Ascanio Antonio Tarascio, acusados por el fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, ocurrido la madrugada del sábado, informó un comunicado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El documento difundido por el TSJ no responde a las denuncias de dirigentes opositores, familiares del oficial y organizaciones de derechos humanos sobre torturas contra el oficial.

Zárate, de 22 años, y Tarascio, de 23, fueron presentados en audiencia preliminar por el delito de "homicidio preterintencional", que según la ley venezolana aplica a quien "con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal, causare la muerte" a una víctima.

Ambos pertenecen a la Guardia Nacional y estaban adscritos a la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en cuyos calabozos se encontraba Acosta por un presunto complot contra el gobierno de Nicolás Maduro que contemplaba asesinar al mandatario socialista. Allí permanecerán bajo arresto los implicados.

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"Realizadas las primeras experticias (...), se ha establecido la vinculación de dos funcionarios" de la DGCIM, dijo este lunes en Twitter el fiscal general, Tarek William Saab, quien tampoco se refiere a torturas.

El Ministerio Público "seguirá acumulando pruebas" para "sancionar de forma ejemplar estos lamentables hechos", añadió el fiscal.

"No quedarán impunes", expresó a su vez Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Constituyente que rige en el país caribeño como "suprapoder".

Repudio y conmoción

La muerte de Acosta despertó repudio internacional, con condenas de Estados Unidos, el Grupo de Lima –14 países de América críticos de Maduro– y la Unión Europea.

"Estoy conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo, y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte", indicó este lunes Bachelet en un comunicado.

Acosta fue detenido el 21 de junio y dado por desaparecido durante una semana.

"Dado que su familia y sus abogados no fueron informados sobre su paradero, a pesar de las reiteradas solicitudes, su caso puede constituir una desaparición forzada", añadió el texto de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, había pedido en la víspera a la oficina de Bachellet una investigación "urgente". El Grupo de Lima respaldó esa solicitud.

Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de gobiernos, convocó para el viernes 5 de julio –Día de la Declaración de Independencia del país– a protestar “para exigir el fin de las torturas, (los) asesinatos” y “las violaciones de derechos humanos”.

Activistas denuncian que Acosta fue llevado a tribunales el viernes pasado en silla de ruedas con "graves signos de tortura".

El juez ordenó trasladarlo al hospital militar de Caracas, donde falleció.

"Estaba perfecto antes de su detención", aseguró este lunes en una entrevista con una emisora radial Alonso Medina Roa, abogado del militar. "Muere siendo inocente, porque nunca hubo un juicio, nunca se demostró nada", añadió.

La manifestación en Caracas partirá desde la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Caracas y tendrá como destino la sede principal del DGCIM.

"¿Por qué el Dgcim? Caramba, porque es el centro de torturas por excelencia en este momento en Venezuela ", expresó este lunes en rueda de prensa la diputada opositora Delsa Solórzano.

Maduro tiene previsto encabezar ese día el tradicional desfile militar del 5 de julio.

Las tensiones han dejado en segundo plano la posibilidad de retomar diálogos entre delegados de Maduro y Guaidó en torno a la crisis, tras fallidas conversaciones cara a cara en Oslo, en mayo, con la mediación de Noruega.