Brasilia. La justicia electoral de Brasil invalidó este viernes la candidatura del encarcelado expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, abriendo apuestas sobre quiénes se repartirán los votos del favorito a las elecciones de 7 de octubre.
El fallo fue de inmediato denunciado por el Partido de los Trabajadores (PT), que prometió “luchar por todos los medios”, multiplicando los recursos judiciales y movilizando a sus bases, para asegurar la presencia de su líder en esos comicios, que se anuncian como los más inciertos de las últimas décadas.
En el Tribunal Superior Electoral (TSE), la balanza era de 5 votos a favor de la invalidación de la candidatura de Lula y de uno solo a favor, después de más de ocho de horas de debates, cuando todavía faltaba emitir el voto de la presidenta de la corte.
El magistrado relator del caso, Luis Alberto Barroso, instó a impugnar la candidatura del exmandatario (2003-2010) en aplicación de la ley de “Ficha Limpia”, que impide a un condenado en segunda instancia presentarse a cargos electorales. “La ley de Ficha Limpia prevé claramente que los condenados por un tribunal colegiado son inelegibles”, afirmó.
Lula, de 72 años, purga desde abril en Curitiba (sur) una pena de más de 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero.
Barroso también abogó por prohibir al PT usar la figura de Lula en su campaña por televisión, que empieza este sábado para las presidenciales.
Y recomendó dar al PT un plazo de diez días para nombrar un reemplazante de Lula, que podría ser su compañero de fórmula, el exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad.
Pero lejos de resignarse, el PT anunció su intención de multiplicar los recursos ante los tribunales y en las calles. "Vamos a defender a Lula en las calles, junto al pueblo, porque es el candidato de la esperanza”, prometió en un comunicado.
La defensa de Lula sostenía que Brasil debía acatar un reciente pedido de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para que el líder de la izquierda pueda seguir siendo candidato e incluso hacer campaña desde la cárcel.
Esa posición fue aceptada por el juez Luiz Eduardo Fachin, que votó a favor de Lula.
Su pronunciamiento causó sorpresa, dado que Fachin, a cargo de las investigaciones de corrupción de la operación Lava Jato en la corte suprema, suele estar alineado con los fiscales que desde hace cuatro años consiguieron encerrar o acusar a buena parte de la élite política y empresarial de Brasil.
Lula fue declarado culpable en julio de 2017 de beneficiarse de un apartamento en un balneario paulista, ofrecido por una constructora para obtener su mediación en contratos con Petrobras. La condena fue ratificada y ampliada en enero de este año por una corte de apelación.
El expresidente, en la cárcel por corrupción desde abril, todavía puede recurrir la sentencia pero con posibilidades de éxito cada vez más remotas https://t.co/Gbc1UOTRBu
— EL PAÍS (@el_pais) September 1, 2018
El juez Barroso advirtió sobre la necesidad de aclarar el confuso panorama electoral.
“En este momento complejo y polarizado, la mejor alternativa es que la justicia electoral esclarezca con celeridad, transparencia y colectivamente el marco definitivo de los candidatos a presidente antes del horario electoral, que puede ser decisivo”, expuso.
Lula, que al abandonar el poder tenía una popularidad de más del 80%, es identificado por millones de brasileños con años de crecimiento económico y de progreso social.
Una encuesta de Datafolha le atribuyó la semana pasada 39% de intenciones de voto, 20 puntos más que el ultraderechista Jair Bolsonaro, su más inmediato seguidor. El sondeo indica además que derrotaría a cualquier adversario en una segunda vuelta.
En su ausencia, Bolsonaro iría a una segunda vuelta con la ecologista Marina Silva, una exministra de Lula, aunque su fortaleza actual podría debilitarse por el escaso espacio que tendrán en la propaganda gratuita por televisión, que se atribuyen en función del tamaño de las bancadas de los candidatos en la Cámara de Diputados.
Silva, de 60 años, afirmó en un comunicado que “a partir de la decisión del TSE, el proceso electoral podrá seguir por sus cauces legales”. “Sin embargo, la justicia tiene que alcanzar aún a todos los que cometieron crímenes y que están protegidos por el manto de impunidad de los fueros especiales” de que gozan ministros y legisladores, agregó.
La sesión del TSE generó una pulseada en la red social Twitter.
“Tuitazo AHORA! Vamos a luchar por la candidatura de LulaOficial a la Presidencia. Participe del tuitazo con el hashtag LulaNasUrnasTSE”, exhortó la cuenta oficial del PT.
La etiqueta se convirtió en la primera tendencia en Twitter de Brasil y se coló entre lo más comentado a nivel global.
Poco después, el hashtag LulaInelegivel (Lula inelegible) también comenzó a escalar posiciones y alcanzó el segundo lugar entre lo más tuiteado en Brasil
Desde prisión dominaba vida política
De la pobreza del nordeste al metalúrgico que sedujo al mundo como presidente de un Brasil imparable. Ahora, encarcelado y con su candidatura para las elecciones de octubre impugnada, Luiz Inácio Lula da Silva sigue siendo el político más popular... y uno de los más impopulares de Brasil.
Un desafiante Partido de los Trabajadores (PT) lo había inscrito en agosto como su candidato, tratando de capitalizar su favoritismo en las encuestas donde consigue un 39% de intenciones de voto, veinte puntos por delante de su más inmediato seguidor, por no hablar de que en una segunda vuelta derrotaría a cualquier adversario.
Un apoyo que solo es apenas superior a su índice de rechazo, que llega al 34%, el segundo después del ultraderechista Jair Bolsonaro.
Para marcar más aún la paradoja, el respaldo a Lula no ha parado de subir desde que empezó a cumplir en abril en Curitiba (sur) una condena de más de 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero. Los tribunales de la Operación Lava jato lo hallaron culpable de haber recibido un apartamento de lujo de una constructora involucrada en el escándalo de sobornos en Petrobras.
Ironías de la vida, la "Ley de Ficha Limpia" (que declara inelegibles a personas condenadas en segunda instancia) fue promulgada por el propio Lula, en el último año de su mandato.
“Yo no robé. Quiero pelear con el Ministerio Público. Quiero defender mi honra. No voy a permitir que una banda de jóvenes me llame ladrón”, había declarado a la AFP antes de entrar en prisión, al referirse a los fiscales y jueces de Lava Jato.
Lula, que gobernó la mayor economía latinoamericana de 2003 a 2010, se considera víctima de un “pacto diabólico” de las élites para impedir que regrese a la Presidencia.
Esta guerra empezó en marzo de 2016, con la policía despertándolo al alba para llevarlo a declarar. Ya no hubo vuelta atrás.
En julio de 2017, el juez de primera instancia Sergio Moro lo condenó a casi diez años de cárcel. La pena fue aumentada en enero pasado a 12 años y un mes por una corte de apelación.
Con otros cinco procesos abiertos, los escándalos y la crisis han oxidado de todos modos aquel histórico 87% de popularidad con el que dejó la presidencia en 2010.
Información en desarrollo.