Maniobras de Trump limitan pesquisa del Congreso sobre asalto al Capitolio de EE. UU.
Cuatro excolaboradores del presidente se ausentaron de su comparecencia ante el Congreso, luego de que Trump invocara el derecho del Ejecutivo a mantener cierta información en secreto
(FILES) In this file photo taken on January 22, 2017 US President Donald Trump (L) congratulates Senior Counselor to the President Stephen Bannon during the swearing-in of senior staff in the East Room of the White House in Washington, DC. - Lawmakers investigating the deadly assault on the US Capitol said Thursday they were pursuing criminal contempt charges for a key ally of former president Donald Trump for refusing to testify.
Former White House advisor Steve Bannon had already made clear he had no intention of complying with a subpoena to appear Thursday before the cross-party January 6 congressional select committee. (Photo by MANDEL NGAN / AFP) MANDEL NGAN
Washington. Varios allegados al expresidente estadounidense Donald Trump se negaron a comparecer ante la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto Capitolio de los Estados Unidos del 6 de enero, limitando la posibilidad de que altos funcionarios rindan cuentas.
Steve Bannon, exasesor del multimillonario republicano, y el exconsejero de seguridad Kash Patel debían comparecer el jueves, mientras que el exjefe de gabinete Mark Meadows y Dan Scavino, antiguo responsable de las redes sociales, lo harían al día siguiente.
Sin embargo, ninguno se presentó después de que Trump invocara el derecho del poder Ejecutivo a mantener cierta información en secreto para evitar que declararan, lo que pone de manifiesto los límites del Congreso para realizar investigaciones cuando los líderes se niegan a rendir cuentas.
Quienes critican a la comisión investigadora argumentan que el Congreso no logrado impedir que Trump obstruya la investigación. En repetidas ocasiones, la comisión prometió mano dura con quienes no acudan a sus citaciones y anunció cargos contra Bannon.
Pero hasta ahora la comisión sólo ha conseguido pequeñas victorias. El exfiscal general Jeffrey Rosen, por ejemplo, testificó que Trump presionó para involucrar al Departamento de Justicia en la campaña de desinformación del expresidente sobre el supuesto fraude electoral.
Fiona Hill, investigadora de la Brookings Institution y antigua asesora del exmandatario, dijo el miércoles que el desafío de Trump al Congreso y sus mentiras sobre el fraude electoral son un “golpe de Estado en cámara lenta”. El Congreso tiene varias vías legales para impedir las maniobras del bando de Trump. Pero el otrora estrella de la televisión también tiene varias opciones.
La Suprema Corte dictaminó que los presidentes tienen derecho a mantener la confidencialidad de ciertos documentos y conversaciones, y no es la primera vez que Trump se escuda en eso. La primera vez que invocó estas prerrogativas del Ejecutivo fue en el 2019, para negar al Congreso el acceso al informe completo del exfiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses.
Pero es el actual inquilino de la Casa Blanca quien decide cuándo se aplica este derecho, no su predecesor. Y Joe Biden ha rechazado hasta ahora los reclamos de Trump. Esta lucha podría durar meses, incluso años, si el expresidente, de 75 años, sigue decidido a rechazar todas las citaciones y si es necesario llegar hasta la Suprema Corte.
Congreso bloqueado
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Históricamente, el Congreso ha eludido los tribunales utilizando el recurso contra la “obstrucción del Congreso” para hacer cumplir las citaciones, lo cual le permite ordenar a su fuerza policial detener y encarcelar a los testigos que se niegan a comparecer. Este método no se ha utilizado contra el poder Ejecutivo en más de 80 años.
Steve Bannon está siendo procesado por obstruir la labor del Congreso en virtud de una ley de 1857, que lo considera un delito federal castigado con hasta 12 meses de prisión. Para que eso aplique, es necesario que la Cámara vote para remitir el asunto al Departamento de Justicia.
Bannon fue juramentado como asesor 'senior' del entonces presidente Donald Trump el 22 de enero del 2017. (MANDEL NGAN/AFP)
Pero en 1984, el Departamento de Justicia dijo que no procesaría a los funcionarios del poder Ejecutivo por obstruir el trabajo del Congreso, cuando estos alegan el derecho del poder Ejecutivo a mantener cierta información en secreto.
Incluso cuando no es el caso, las autoridades rara vez procesan a funcionarios del Ejecutivo. Desde 2008, la Cámara baja ha citado al menos a seis funcionarios o exfuncionarios de la Casa Blanca, pero no se ha tomado ninguna medida.
“Debido a esta discreción, (apelar a) la obstrucción del Congreso se ha vuelto casi ineficaz”, dijo el Servicio de Investigación del Congreso en un informe del año pasado. Incluso si el fiscal general Merrick Garland aprueba los cargos, el proceso podría llevar meses.
Existe una tercera opción: el Congreso puede pedir a un juez federal que haga cumplir sus citaciones: los testigos que las desafíen estarían obstruyendo el curso de la justicia. Sin embargo, este proceso también llevaría mucho tiempo.
