Nueva York. La justicia estadounidense parecía el viernes a punto de hacer públicos documentos judiciales que levantarían el velo sobre los motivos del registro sin precedentes llevado a cabo esta semana en la mansión del expresidente Donald Trump en Florida.
La operación, que generó fuertes protestas de los seguidores del magnate republicano, fue realizada el lunes en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, por agentes del FBI, la policía federal estadounidense.
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Según la prensa, el allanamiento se debió al posible mal manejo de documentos clasificados que Trump se habría llevado tras dejar la Casa Blanca en enero de 2021.
El Washington Post reportó que algunos de los documentos buscados podrían incluso relacionarse con el arsenal nuclear estadounidense. Pero temprano el viernes Trump denunció en su red social Truth Social que el FBI podría haber estado “colocando información” en su residencia.
La muy inusual disposición del Departamento de Justicia de hacer pública la orden de allanamiento, anunciada el jueves por el fiscal general Merrick Garland, fue bien recibida por el expresidente.
“No solo no me opondré a la divulgación de los documentos relacionados con el allanamiento (...) sino que voy un paso más allá al ALENTAR la publicación inmediata de esos documentos”, escribió en Truth Social el multimillonario, quien sin embargo se abstuvo de hacer pública la copia de la orden judicial que recibió.
El allanamiento en Mar-a-Lago desató una tormenta política en un país ya muy dividido y se produce cuando Trump evalúa postularse nuevamente a la Casa Blanca.
“Importante interés público”
Los abogados de Trump tienen hasta las 3:00 p. m. locales para responder a la propuesta de Garland, quien aseguró el jueves, durante una rueda de prensa excepcional, haber “aprobado personalmente” el allanamiento.
El secretario de Justicia también denunció, durante su breve intervención televisada, los “ataques infundados” de los republicanos contra su cartera y contra el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
“El Departamento no toma este tipo de decisiones a la ligera”, señaló, y agregó que el caso reviste un “importante interés público”, a tres meses de las elecciones legislativas intermedias.
Al pedir que se levantara la confidencialidad de la orden judicial, el Departamento de Justicia citó, sin contradecirlas, las declaraciones de representantes de Trump indicando que el FBI buscaba documentos de archivo de la Casa Blanca, posiblemente secretos de defensa clasificados.
El allanamiento del lunes fue el primero en la historia de Estados Unidos a la residencia de un expresidente.
Indignado, Trump dijo el lunes en Truth Social que sus abogados estaban cooperando “plenamente” con las autoridades cuando “de repente y sin previo aviso, Mar-a-Lago fue allanada, a las 6:30 p. m., por una cantidad MUY grande de agentes”.
Se quejó en particular de que los policías federales “revisaron los armarios de la primera dama” Melania Trump, “y hurgaron en su ropa y artículos personales”.
El miércoles ya había sugerido que el FBI pudo haber “colocado” pruebas falsas en su contra durante este operativo.
Bloque
Simpatizantes republicanos, aunque conocidos por su apoyo a las fuerzas del orden, reprocharon la intervención del FBI.
Una asociación de agentes denunció llamados “inaceptables (...) a la violencia contra la policía”.
El jueves, un hombre armado que había intentado entrar en las oficinas del FBI en Ohio (norte) fue abatido por la policía tras un largo enfrentamiento.
Luego del allanamiento, los dirigentes republicanos formaron un bloque compacto de defensa del expresidente, quien mantiene un fuerte control sobre el partido conservador.
Su exvicepresidente Mike Pence, aunque potencial rival de Trump en dos años, expresó su “profunda preocupación” tras la operación policial.
El miércoles, apenas dos días después del registro del FBI, Trump fue interrogado durante cuatro horas en la oficina de Manhattan por Letitia James, la fiscal general del estado de Nueva York, que desde 2019 investiga las prácticas comerciales de la Organización Trump.
Según medios estadounidenses, el expresidente invocó más de 400 veces su derecho a no responder preguntas consagrado en la Quinta Enmienda de la Constitución.