Madrid. Después de cuatro meses de audiencias, el histórico juicio a 12 líderes independentistas por el fracasado intento de separar a Cataluña de España en el 2017 culminó este miércoles, y ahora habrá que esperar la sentencia, que se prevé muy delicada desde el punto de vista político.

En la sesión final en el Tribunal Supremo, en Madrid, los acusados se expresaron por última vez
y lamentaron que la Justicia se vea abocada a solventar un “problema político”, al tiempo que y reivindicaron el diálogo como salida a la persistente crisis catalana.

“Votar o defender la República desde un parlamento no puede constituir delito”, afirmó el principal acusado, el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras. Hay que “devolver la cuestión al terreno de la política (...) de donde nunca debería haber salido”, señaló.

“El Poder Judicial no puede resolver un problema político”, aunque ahora los magistrados tienen la “responsabilidad de no agravar la crisis”, dijo Jordi Sánchez, exlíder de una influyente asociación independentista, que al igual que sus compañeros de banquillo reivindicó el carácter pacífico del movimiento.

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Minutos después, el dirigente de otra importante asociación, Jordi Cuixart, expresó su indoblegable compromiso con la causa separatista. “Lo volveremos a hacer”, expresó, un lema que manifestantes independentistas corearon luego en una concentración en Barcelona.

La frase la adoptó también el presidente regional catalán, el separatista Quim Torra. En una declaración institucional afirmó estar “convencido de que lo volveremos a hacer”, y manifestó a sus correligionarios que “es la hora de la unidad estratégica, de compartir un horizonte y un rumbo”, el de la autodeterminación.

Luego, tras más de 50 sesiones, centenares de testigos y presentación de copiosas pruebas, el juicio quedará visto para sentencia, la cual no se espera antes del otoño.

Con el principal protagonista de la tentativa secesionista refugiado en Bélgica, el expresidente regional Carles Puigdemont, la cara más visible del proceso fue Junqueras, para quien la Fiscalía pide 25 años de cárcel.

Él y otros ocho separatistas, en prisión preventiva desde hace más de un año, son acusados del grave delito de rebelión, que implica duras penas, mientras que los tres restantes responden por desobediencia y malversación, cargos más leves.

En Barcelona, varios miles de independentistas se manifestaron en solidaridad con quienes consideran “presos políticos”, mostrando pancartas con los lemas “absolución” y “libertad".

“La autodeterminación es un derecho”.”Esto se arreglaría con un referendo pactado, pero no nos lo dejarán hacer nunca, tienen miedo a perderlo", declaró Roser Munt, una secretaria de 59 años.

“Cuando caiga la condena deberíamos hacer desobediencia civil masiva”, planteó su amiga Silvia Macia, desempleada.

Alegato de violencia

La Fiscalía ha calificado los hechos del 2017, que incluyeron el 1.° de octubre un referendo de autodeterminación ilegal y el 27 la declaración del Parlamento catalán de una república que nunca se concretó, de “golpe de Estado” en medio de un “clima insurreccional”.

A su juicio, hubo violencia, esta última una cuestión determinante ya que es indispensable para sustentar el delito de rebelión.

Un cargo negado por las defensas, que han dicho que la violencia fue casi exclusiva de la Policía, cuya represión durante el referéndum de autodeterminación generó imágenes que dieron la vuelta al mundo.

“La violencia (...) nunca ha formado parte del código de conducta” de los independentistas, insistió el acusado Jordi Turull, exportavoz del Gobierno catalán.

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Los abogados de Junqueras y de otros dos exministros regionales admiten que pudo haber en todo caso desobediencia, un delito que conlleva inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero no prisión.

Para varios procesados, sus defensores pidieron absolución.

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Los puntos de vista antagónicos reflejan la pugnaz realidad fuera del Tribunal Supremo: a más de año y medio de la tentativa independentista, el separatismo sigue dividiendo a la población catalana y remeciendo la política española.

Herida abierta

“La sentencia, sea la que sea”, constituirá para el movimiento independentista, que había quedado “un poco sin horizonte”, “un elemento al cual agarrarse para intentar de nuevo movilizar a su bloque”, señaló Oriol Bartomeus, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, quien inició el martes negociaciones para formar gobierno, busca evitar un nuevo apoyo de los separatistas catalanes, que desde el inicio del juicio le hicieron la vida imposible. Tanto es así que precipitaron las elecciones legislativas anticipadas de abril, al rechazar los presupuestos del Estado.

En esos comicios fueron electos cinco de los acusados en el juicio, pero fueron suspendidos después. Uno de ellos, Junqueras, consiguió en mayo un escaño para el Parlamento Europeo que pretende conservar.