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Bogotá. El expresidente colombiano Álvaro Uribe, jefe del partido de gobierno, deberá ir a juicio por presunto soborno y manipulación de testigos, según resolvió este miércoles la justicia en una decisión de primera instancia.
La jueza Carmen Ortiz rechazó el pedido de la fiscalía para archivar el caso que involucra al exmandatario y exsenador de 69 años (2002-2010). ”Resulta claro para el despacho que sí existe una hipótesis posible acerca de la materialidad del soborno en la actuación penal” de Uribe, dijo Ortiz en una audiencia en Bogotá.
La decisión todavía no está en firme y puede ser apelada por la defensa del expresidente, el político más influyente de este siglo en Colombia y protagonista de la campaña presidencial para las elecciones del 29 de mayo.
Si finalmente un tribunal superior acoge el dictamen de la jueza, Uribe deberá ir a juicio y eventualmente podría ser condenado a prisión por los delitos que se le imputan. Reconocido por su política de mano dura frente al conflicto armado, el exmandatario enfrenta cargos por soborno y fraude procesal contra el senador de oposición Iván Cepeda.
En 2012, Uribe presentó una denuncia contra el congresista por un supuesto complot con testigos falsos para vincularlo con grupos paramilitares de ultraderecha, responsables de violaciones de derechos humanos en la guerra clandestina contra los rebeldes izquierdistas.
Sin embargo, la Corte Suprema se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y, en su lugar, comenzó a investigar al exgobernante en su calidad de parlamentario en 2018. Los magistrados concluyeron que Uribe trató de manipular testigos para desacreditar a su opositor.
El tribunal fue más allá y en agosto de 2020 ordenó el arresto domiciliario del expresidente mientras avanzaba en su investigación.
Uribe, que cuestionó a la Corte Suprema por supuesto sesgo político, logró zafarse de esa jurisdicción al renunciar al escaño que ocupaba en el Senado desde 2014. Su expediente pasó entonces a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión que pesaba sobre Uribe.
La fiscalía asumió la investigación y el año pasado planteó a la justicia el archivo del caso por considerar que no había delito. No obstante, la jueza negó este miércoles los argumentos del fiscal Gabriel Jaimes. “Resulta razonable el planteamiento o hipótesis presentada por las víctimas”, comentó Ortiz al dar paso al posible enjuiciamiento del exmandatario.
Su decisión retumba en la campaña para elegir en mayo al sucesor del presidente Iván Duque, quien llegó al poder de la mano de Uribe y por ley está inhabilitado para buscar la reelección.
El favorito en los sondeos es el exguerrillero de izquierda Gustavo Petro, férreo crítico de Uribe y el actual gobierno. La figura del expresidente gravita sobre la política y la justicia colombiana.
El sistema jurídico que investiga los peores delitos cometidos en el conflicto todavía en curso, encontró que durante su gobierno los militares ejecutaron a 6.402 civiles que presentaron como guerrilleros caídos en combate.
Aunque esa jurisdicción no tiene potestad de juzgar a expresidentes, Uribe se ha desmarcado de esos crímenes y atacado a los jueces de paz, como lo hizo en su momento con los de la Corte Suprema
