Bogotá. El derechista Iván Duque asumió este martes el poder en Colombia con la promesa de endurecer la política de paz de su antecesor, y lanzó una advertencia velada al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
En su discurso de posesión, que fue replicado en las calles con marchas opositoras, el nuevo presidente se comprometió a aplicar "correctivos" al pacto que condujo al desarme y transformación en partido de la antigua guerrilla FARC el año pasado.
Al mismo tiempo anticipó que impondrá nuevas condiciones de diálogo al ELN, la última guerrilla reconocida oficialmente en Colombia.
"Desplegaremos correctivos para asegurar a las víctimas verdad, justicia proporcional, reparación y no repetición", afirmó el mandatario de 42 años.
El primer mensaje de Duque a los colombianos que lo eligieron para un periodo de cuatro años el 17 de junio, apuntó hacia la principal obra de gobierno de su antecesor, el nobel de Paz Juan Manuel Santos.
Durante ocho años, Santos se empeñó en terminar con más de medio siglo de un conflicto armado que deja ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.
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Delfín del popular exmandatario y senador Álvaro Uribe –investigado penalmente por la Corte Suprema–, Duque aseguró que trabajará para acabar con las "divisiones falaces entre amigos y enemigos de la paz", tras años de polarización por la política de su antecesor.
También se enfocó en la lucha contra la corrupción, prometiendo castigos más severos, y la "reactivación económica" mediante el alivio tributario a las empresas que generen empleos.
Además dio la bienvenida a la conservadora Marta Lucía Ramírez, la primera mujer en ejercer la vicepresidencia en el país. A su posesión asistieron diez jefes de Estado, entre ellos los de Argentina, México, Chile y Bolivia.
De manera simultánea, las fuerzas de oposición se movilizaron en varios puntos del país para exigirle a Duque que proteja a los líderes sociales tras el asesinato de 331 de ellos desde 2016, y respete los compromisos de paz asumidos con la exguerrilla.
"Le estamos expresando al nuevo gobierno, todas las fuerzas de oposición (...), que aquí hay un pueblo que no resiste más la violación al derecho a la vida, que necesitamos que se implemente correctamente el acuerdo" de paz, declaró a la AFP el exlíder rebelde y legislador Marco Calarcá.
Aunque contará con mayoría en el Congreso, el pupilo de Uribe enfrenta a una fortalecida oposición de izquierda y de centro, que alcanzó su mayor representación en las legislativas de marzo.
En su primer pronunciamiento como mandatario, Duque afirmó que recibe un país con “más de 300 líderes sociales asesinados”, con los narcocultivos en expansión (209.000 hectáreas en 2017) y varios focos de violencia.
En ese contexto, renovó su promesa de corregir lo pactado con la antigua guerrilla aunque sin dar pistas concretas sobre las modificaciones que introducirá al acuerdo que ha evitado 3.000 muertes al año y prevé reformas rurales y un sistema especial de justicia.
Apoyado por la ONU, el convenio garantiza que los guerrilleros que confiesen sus crímenes, reparen a los afectados y se comprometan a nunca más ejercer la violencia, reciban penas alternativas de prisión.
En el pasado, Duque ha criticado que los jefes rebeldes acusados de delitos atroces sigan ocupando uno de los diez escaños que les reservó la paz firmada con Santos.
No obstante su anuncio, el jefe de Estado aseguró que respetará lo acordado con la base guerrillera para que tengan inserciones social y económica efectivas.
Mucho más directo se expresó con respecto al futuro de las negociaciones en curso con el ELN.
"Quiero dejar absolutamente claro, que un proceso creíble debe cimentarse en el cese total de acciones criminales, con estricta supervisión internacional, y tiempos definidos", afirmó
Con unos 1.500 combatientes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) había expresado su intención de retomar con Duque las negociaciones de paz que dejó sin concretar con Santos.
En un discurso de conciliación interna, Duque envió una advertencia velada al gobierno de Nicolás Maduro, al que se ha referido siempre como una "dictadura".
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Sin mencionar directamente a su homólogo, afirmó que promoverá “la defensa de los valores democráticos” y el rechazo y denuncia de “cualquier forma de dictadura en el continente americano”.
"Nuestra actitud no es belicista, nuestra actitud es democrática y estaremos en todos los escenarios internacionales defendiendo la Carta Democrática Interamericana", sostuvo.
Venezuela y el coletazo migratorio por la crisis ocupan un lugar destacado en los retos que le esperan al novel mandatario, además de los líos judiciales de Uribe, quien deberá rendir indagatoria por soborno y fraude procesal, lo que complica su liderazgo en el Senado.
Bajo la administración de Santos, Bogotá prácticamente congeló todas sus relaciones con Caracas y pasó a liderar la campaña internacional que condena la "dictadura de Maduro" y pide un cambio pacífico de régimen.
El líder venezolano involucró a Santos en un supuesto plan para asesinarlo el sábado mediante drones con explosivos, una acusación que Bogotá negó tajantemente.
Se calcula oficialmente que unos 820.000 venezolanos han sido regularizados o están en ese proceso en territorio colombiano, tras huir de la crisis económica en su país.