Bogotá. Su mentor investigado penalmente, las tensiones con Venezuela, la oposición en las calles y una paz por concretarse. El derechista Iván Duque comenzará este martes bajo una fuerte tormenta su gobierno de cuatro años en Colombia.
Con 42 años, el exsenador sucederá en el poder a Juan Manuel Santos, quien tras ocho años de mandato deja un país en difícil tránsito hacia la reconciliación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con los cultivos de coca en su máximo histórico (209.000 hectáreas) y una campaña de asesinatos selectivos contra activistas sociales y de derechos humanos.
Con una efímera carrera política, Duque fue el elegido del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) para recuperar el poder a la derecha opuesta al acuerdo de paz con las FARC.
Durante la campaña, la artillería opositora apuntó a la influencia de Uribe, llegando incluso a llamarlo "títere" del exmandatario.
"Uribe va a tener una influencia importante y permanente sobre el gobierno", apunta Javier Torres, profesor de la Universidad Externado de Bogotá.
Personas cercanas a Uribe ocuparán sillas clave del gabinete: Defensa, Interior, Hacienda y Cancillería.
Pero expertos coinciden en que la imagen del político más popular de Colombia puede verse mancillada y de paso golpear al nuevo gobierno, a raíz de una indagación penal por fraude procesal y soborno.
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La Corte Suprema de Justicia, que juzga a los congresistas, investiga si Uribe manipuló testigos contra un senador opositor, en un caso que se remonta al 2012 y que le podría significar hasta ocho años de prisión.
La indagación "implica una carga negativa" para Duque y "se puede debilitar el expresidente ante los ojos de los colombianos", agrega Torres. Uribe liderará la bancada oficialista, que será mayoría en el Congreso, tras ser el senador más votado en las legislativas de marzo.
Difícilmente podrían haber terminado peor las tormentosas relaciones de Santos con el gobierno de Nicolás Maduro. El líder venezolano involucró a su homólogo en un supuesto plan para asesinarlo mediante el uso de drones con explosivos en una parada militar en Caracas el pasado sábado, un señalamiento que Bogotá negó enfáticamente.
Y nada hace prever que la relación mejore entre los dos países –que comparten una frontera de 2.200 kilómetros– bajo el mandato de Duque, quien en su cerrada oposición a Santos solo coincide con él en el rechazo a lo que llaman la dictadura venezolana.
Una vez elegido, Duque prometió trabajar en "una estrategia articulada, multilateral, de manera diplomática para que Venezuela haga una transición hacia elecciones libres".
Así, Colombia seguirá al frente de la presión internacional sobre Maduro, mientras atiende la mayor ola migratoria de su historia desde Venezuela.
Ya son 820.000 los venezolanos que han sido regularizados en Colombia en los últimos años, según cifras oficiales.
Si Duque "comienza a contestar cada uno de los pronunciamientos de Maduro (...) va a dar material propagandístico y político para seguir exacerbando y convertirse en el enemigo real o imaginario del régimen bolivariano", comenta el internacionalista Jairo Velásquez.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida oficialmente en Colombia, está esperando a que Duque decida muy pronto el futuro de la frustrada mesa de diálogo que dejó instalada el gobierno de Santos en Cuba.
Aunque con menos combatientes y capacidad de fuego que las FARC, el grupo guevarista lleva medio siglo en armas contra el Estado y es un factor real de poder en casi un 10% de los 1.122 municipios colombianos, según la Fundación Paz y Reconciliación.
Con unos 1.500 combatientes y una extensa red de apoyos, el ELN quiere seguir negociando la paz con Duque, tras dos años de infructuoso proceso con Santos.
Pero el nuevo presidente ya anticipó nuevas y duras condiciones de diálogo que, en opinión de analistas, resultan inaceptables para la guerrilla: suspensión de “todas las actividades criminales” y concentración de las tropas rebeldes bajo verificación internacional.
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"Es bastante difícil" que el ELN se acoja a esos planteamientos, asegura el académico e investigador del conflicto Camilo Echandía.
En gran parte, agrega, por la misma "fragmentación interna del ELN en un momento en el que muchas de sus estructuras están reacomodándose en las zonas que fueron abandonadas por las FARC".
Sin haberse posesionado, Duque enfrenta una férrea oposición de izquierda y centroizquierda en el Congreso, donde estas fuerzas alcanzaron una votación histórica que sin embargo es minoritaria.
Liderada por el senador Gustavo Petro, el exguerrillero al que el presidente electo venció en el balotaje del 17 de junio, la izquierda promete protestas públicas en rechazo al nuevo gobierno y en apoyo al acuerdo con las FARC.
La primera está convocada en paralelo a la posesión del mandatario, en reclamo a las cientos de muertes de activistas y defensores de derechos humanos.
"El éxito de ese tipo de estrategias es algo que hay que mirar, porque los colombianos no somos muy dados a ese tipo de movilizaciones", explica Torres.
Dentro de sus contradictores también están los diez congresistas del ahora partido FARC, que llegaron al parlamento como parte de lo convenido a finales del 2016. Duque se propone modificar el pacto de paz para impedir precisamente que rebeldes condenados por delitos atroces puedan ser legisladores.
Colombia está profundamente dividida entre detractores y simpatizantes del pacto que ha evitado 3.000 muertes al año y desarmó a 7.000 combatientes