Informe internacional revela masacre de civiles en Bolivia a finales del 2019
La investigación abarcó desde finales del gobierno del izquierdista Evo Morales hasta el comienzo de su sucesora, la senadora derechista Jeanine Áñez
Bolivian President Luis Arce (L) receives the final report of the Interdisciplinary Group of Independent Experts (GIEI) about the actions after Evo Morales resignation and flight due to the electoral results in October 2019, at Bolivia's Central Bank Auditorium in La Paz, on August 17, 2021. - The Interdisciplinary Group of Independent Experts, an investigation group of the Inter-American Commission on Human Rights, revealed that during the social upheaval at the end of 2019, massacres by military and police forces against civilians were recorded, including "summary executions." (Photo by JORGE BERNAL / AFP) JORGE BERNAL
El presidente boliviano Luis Arce (izq.) recibe el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre las acciones luego de la renuncia y huida de Evo Morales por los resultados electorales de octubre del 2019. (JORGE BERNAL/AFP)
La Paz. Un grupo de investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló este martes que durante la convulsión social a finales del 2019 en Bolivia, fuerzas militares y policiales cometieron masacres contra civiles, incluyendo “ejecuciones sumarias”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, que investigó esos incidentes, dio a conocer su informe en La Paz al presidente Luis Arce.
Patricia Tappatá, integrante del GIEI, dijo que "al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas".
La investigación abarcó desde finales del gobierno del izquierdista Evo Morales hasta el comienzo de su sucesora, la senadora derechista Jeanine Áñez.
Durante la gestión de la mandataria interina se registraron dos hechos graves: el 15 de noviembre en la localidad de Sacaba, cercana a la ciudad de Cochabamba (centro), y cuatro días después en la planta de gas de Senkata, en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.
En Sacaba se registraron 11 muertos y en Senkata otro número igual. Tappatá dijo que el GIEI "no duda" en calificar esos hechos "como masacres".
En Sacaba, una zona con fuerte influencia de cocaleros, los leales aliados de Morales, el grupo de investigación contó con el apoyo de expertos forenses argentinos y los estudios permiten "inferir" que algunas muertes fueron por "ejecuciones sumarias".
Natividad Maman, de 40 años, muestra fotografías en El Alto, Bolivia, el 23 de marzo del 2021, de su hijo Joga Marconi, de 23 años, quien presuntamente fue torturado en la zona de Senkata, durante enfrentamientos entre simpatizantes y opositores del expresidente boliviano Evo Morales en noviembre del 2019. (LUIS GANDARILLAS/AFP)
Reparaciones a las víctimas
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El presidente Arce, tras conocer el informe, anunció reparaciones para las víctimas.
Además, dijo que el informe relata con "claridad las graves violaciones de derechos humanos, masacres y ejecuciones extrajudiciales que sucedieron en nuestro país durante el golpe de Estado" contra su mentor político Morales.
Anunció que su gobierno impulsará un juicio de responsabilidades o de privilegio contra Áñez y su gobierno.
Tras conocer el informe de la GIEI, la expresidenta Áñez pidió desde su cuenta de Twitter el respeto a un juicio justo.
"Exigimos respeto a la Constitución (Carta Magna), garantías con un debido proceso e igualdad de condiciones", señaló.
La exgobernante está encarcelada de manera preventiva desde marzo pasado, mientras la Fiscalía investiga lo ocurrido durante su gobierno de noviembre del 2019 a noviembre del 2020.
Los opositores también emitieron posiciones sobre el informe.
El gobernador de la rica región de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, pieza clave en la salida de Morales del poder, dijo que el informe “es claro”, porque “los muertos y las violaciones a los derechos humanos empezaron en el gobierno de Evo Morales y concluyeron” en el de Áñez.
Dijo, por lo tanto, que "si Jeanine Áñez es enjuiciada, Evo también debe ser procesado".
El expresidente centrista Carlos Mesa (2003–2005), manifestó que debe realizarse una reforma del sistema judicial, como “requisitos para garantizar justicia y el debido proceso en los casos que deben juzgarse”.
Mesa es sindicado por el oficialismo como uno de los responsables del supuesto golpe de Estado, junto a la Iglesia católica, la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA), los gobiernos del argentino Mauricio Macri y el ecuatoriano Lenín Moreno.
Bolivia entró en crisis tras las elecciones de octubre del 2019. Los resultados de los comicios favorecieron a Morales, en el poder desde 2006 y con la intención de extender su gestión hasta 2025.
Empero, la oposición lo acusó de haber hecho fraude y las protestas se extendieron a todo el país. Los policías y militares le quitaron respaldo a Morales, quien dimitió y salió exiliado hacia México.
La CIDH, en un comunicado, resaltó que con el informe del GIEI “culmina una etapa de trabajo realizado por personas expertas independientes con idoneidad técnica, integridad e imparcialidad”.
