El arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, expresó la disposición de la Iglesia a participar en conversaciones, pero recalcó la necesidad de seguir abogando porque los aprehendidos obtengan “pronto” su libertad y porque “los medios de comunicación puedan desarrollar con todo el respeto y la objetividad” su labor.
Unas 700 personas, entre ellas estudiantes, campesinos y periodistas, están detenidas en condiciones precarias e insalubres en Nicaragua –según familiares y organismos humanitarios–, acusadas de “golpistas" y “terroristas".
Brenes participó el sábado en un encuentro entre el gobierno y empresarios para buscar un “entendimiento” ante la grave crisis política y económica desatada por las protestas hace 10 meses, según un comunicado del gobierno.
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”No fue diálogo, fue un encuentro que los empresarios querían tener con el señor presidente (Daniel Ortega) para expresar las inquietudes. Se escuchó y quedaron en tener otros encuentros para ir consolidando” las bases para dialogar, puntualizó el purpurado.
En la reunión no se trató el tema de los presos políticos ni el retorno de organismos internacionales de derechos humanos expulsadas por el gobierno, aclaró el cardenal.
No hay fecha ni agenda para una futura cita, agregó.
Brenes, quien estuvo al frente de la mediación del diálogo que se interrumpió hace ocho meses, expresó que la Iglesia participará si las partes la invitan.
Por su parte, el Comité pro Libertad de Presos Políticos indicó que “el único diálogo” que apoya es el que tenga como punto de partida la “liberación inmediata” y “sin condición” de todos los detenidos y el cese del “acoso” y persecución de la población.
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El presidente de la Cámara de Comercio Americana (Amcham), Mario Arana, valoró como “positivo” este encuentro si de este salen conversaciones. Consideró, además, como un motivo de “confianza” el hecho de que la Iglesia esté dispuesta a ser mediadora y testigo.
La Alianza Cívica, que agrupa a distintas organizaciones de la sociedad civil, respaldó la iniciativa y se declaró dispuesta a participar en un diálogo que saque al país de “la terrible crisis política y económica”.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) saludó por medio de Twitter la reunión convocada por el gobierno."El cese de la represión, la liberación de los detenidos y el compromiso de justicia para las víctimas deben preceder cualquier diálogo participativo basado en sus obligaciones en materia de derechos humanos", señaló.
Las protestas comenzaron el 18 de abril contra una reforma del seguro social. Tras una dura represión por parte del régimen, los manifestantes empezaron a pedir la renuncia de Ortega, que lleva 12 años en el poder, a quien acusan de corrupción y de instaurar una dictadura familiar, lo que él niega.
