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En esta foto tomada el 13 de marzo del 2021 la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Anez, habla con sus abogados en una celda de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. (LUIS GANDARILLAS/AFP)
La Paz. La hija de Jeanine Áñez, expresidenta interina de Bolivia, acusó a su antecesor Evo Morales de tener a su madre como “trofeo” y rogó al gobierno boliviano, afín al exmandatario, “dejar la venganza” y permitir “salvarle la vida” tras su intento de suicidio.
"Estoy desesperada", dijo a la AFP Carolina Ribera Áñez, sobre la situación de salud de su madre, en prisión preventiva desde marzo por su supuesta participación en un golpe de Estado contra Morales.
"Ha bajado mucho de peso y está tan delicada y deteriorada que ni siquiera tiene fuerzas para caminar", denunció durante una entrevista en Washington.
Ribera viajó esta semana a la capital estadounidense luego de que la defensa de su madre solicitara medidas cautelares de protección de su integridad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El organismo, un ente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), solicitó informes al gobierno de Luis Arce sobre la situación de Áñez y aún no se ha pronunciado.
"Mi madre, lamentablemente, el 21 de agosto intentó suicidarse", recordó Ribera. "Y cuando una mujer está en el mismo lugar donde intentó suicidarse y no sale de ese ambiente corre riesgo de volver a intentarlo".
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Ribera dijo que la exmandataria, de 54 años, sufre de hipertensión arterial, gastritis crónica, problemas cardiacos, daño neurológico y depresión severa. Agregó que necesita atención médica continua fuera de la cárcel.
"Mi madre es inocente de todo lo que la acusan. Y ahora lo que yo pido y clamo, suplico, es que le salvemos la vida, que ella vaya a un hospital, que las autoridades dejen la venganza a un lado y prioricemos la vida", rogó con la voz quebrada.
Abogada y expresentadora de televisión, Áñez era segunda vicepresidenta del Senado cuando se proclamó presidenta interina de Bolivia el 12 de noviembre del 2019, en medio de una fuerte convulsión social.
Llegó al cargo por sucesión constitucional por vacancia luego de la renuncia de Morales, a quien la oposición acusaba de amañar las elecciones de octubre de ese año para poder continuar su mandato hasta 2025. Tras perder el apoyo de los militares, Morales dimitió y se exilió primero en México y luego en Argentina.
En noviembre pasado, Áñez, de derecha, transfirió el poder a Arce, delfín del izquierdista Morales, elegido en nuevos comicios. En marzo fue detenida por los supuestos delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
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Pero su hija asegura que no hay un hecho concreto para sostener esas acusaciones y que el arresto de su madre es ilegal.
"No existe justicia en Bolivia. No es como en otros países, que hay una investigación independiente, se respeta el debido proceso, se respetan los derechos humanos", denunció Ribera.
"En Bolivia es una justicia completamente manipulada y servil al gobierno", añadió, apuntando contra Arce y el Movimiento al Socialismo (MAS) liderado por Morales.
Amedrentar la oposición
Ribera acusó a Morales, quien regresó a Bolivia tras la investidura de Arce, de usar a su madre para amedrentar cualquier oposición.
"Evo Morales lo que quiere ocultar es el fraude electoral que realizó en 2019 y ahora la tiene como trofeo para dar un mensaje de miedo a todos los líderes de la oposición y a todos los bolivianos que piensen diferente", afirmó la hija de Áñez.
También rechazó la acusación de genocidio sumada en agosto contra Áñez y por la cual el parlamento deberá decidir si se realiza un juicio de responsabilidades contra la exmandataria.
"Eso es totalmente un invento de Evo Morales y del gobierno de Luis Arce, porque mi madre asumió cuando ya había enfrentamientos, cuando ya había muertos (...). Y el directo responsable de querer incendiar La Paz y Bolivia fue Evo Morales", afirmó Ribera.
Áñez fue señalada de genocidio a raíz de la denuncia de familiares de las víctimas de la represión de las fuerzas del orden el 15 de noviembre del 2019 en el poblado de Sacaba, cerca de Cochabamba, y el 19 de noviembre en Senkata, una zona de El Alto, vecina de La Paz.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en diciembre del 2019 por un acuerdo entre el gobierno de Bolivia y la CIDH, totalizó en un reciente informe 22 fallecidos en ambos incidentes, que calificó de “masacres”.
“Yo no voy a dejar de luchar para que se haga justicia y mi madre se pueda defender en libertad, que es lo que corresponde”, dijo Ribera, antes de desplegar una bandera de Bolivia tejida por su madre en prisión, con la palabra “justicia” bordada en el centro.
