Lima. El presidente Pedro Castillo anunció su decisión de cerrar el Congreso de la República y decretar un “gobierno de excepción”. Esto en un mensaje a la Nación a pocas horas del debate de la moción de vacancia en su contra y en medio de graves acusaciones.
“Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos ley”, exclamó Castillo.
“En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de derecho y democracia, a cuyo efecto se dictan las medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, dijo.
Castillo además decretó el toque de queda a nivel nacional a partir de hoy, miércoles 7 de diciembre, desde las 22 horas hasta las cuatro horas del día siguiente. También declara en reorganización el sistema de justicia: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional.
Además, dijo que todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en plazo de 72 horas. “Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el decreto ley”, exclamó.
“La PNP con el auxilio de las FF.AA. dedicarán todos sus esfuerzos al combate efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico. Cuyo efecto se les dotará de recursos necesarios”.
Pese a la ruptura del orden constitucional, Castillo dijo que comunicará a la Organización de Estados Americanos (OEA) la decisión tomada. Según dijo se “respetará escrupulosamente el modelo económico”.
Autogolpe
La vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, denunció “un golpe de Estado”.
“Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”, indicó en Twitter.
Tras el anuncio, el Congreso adelantó la sesión plenaria para debatir su destitución, que se halla en curso.
“Hoy se ha dado un golpe de Estado al mejor estilo del siglo XX. Es un golpe destinado al fracaso, el Perú quiere vivir en democracia. Este golpe de Estado no tiene ningún fundamento jurídico”, dijo a la radio RPP el presidente del Tribunal Costitucional, Francisco Morales.
La fiscal de la nación, Patricia Benavides, señaló su “rechazo de manera enfática” a “todo quebrantamiento del orden constitucional”, y exhortó al mandatario a “respetar la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia que tanto nos ha costado”.
“El presidente Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado. Ha violado el artículo 117 de la Constitución de Perú y ha pasado a la ilegalidad. Esto es un autogolpe”, dijo el analista político Augusto Álvarez.
Decenas de manifestantes a favor y en contra del presidente se concentraban frente al Parlamento desde antes del anuncio, a la espera del debate sobre su destitución.
Ola de renuncias
Tras el anuncio varios ministros del gobierno y funcionarios de organismos internacionales anunciaron sus renuncias al cargo en las redes sociales y en declaraciones a la prensa.
“No estoy en condiciones de servir a un gobierno dictatorial que ha violado la ley y ha violado la Constitución”, dijo a la radio RPP Harold Forsyth, representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
“A partir de hoy Castillo esta en la triste fila de los dictadores”, dijo a la misma radio el expresidente peruano Ollanta Humala ((2011-2016).
El anuncio de Castillo tiene lugar poco más de 30 años después del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992.
El Congreso de Perú, dominado por la derecha, tenía programado debatir el miércoles una moción de destitución contra Castillo por “permanente incapacidad moral”, una figura constitucional que ya desembocó en la salida de dos exmandatarios desde 2018.
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