“La mesa de negociación ha recibido esta tarde una comunicación del gobierno en la cual expresa su decisión de liberar en un plazo no mayor de 90 días a todas las personas detenidas y presas en el contexto de la protestas” del año pasado, anunció el enviado especial de la Organización de Estados Americanos OEA, Luis Ángel Rosadilla, en rueda de prensa.
La decisión del gobierno pone fin a un estancamiento de las negociaciones, de las que la oposición se retiró este lunes luego de que la Policía reprimió una manifestación opositora, el sábado anterior, para demandar la liberación de los aprehendidos por manifestarse contra el gobierno de Ortega.
El proceso de liberación de detenidos podría comenzar esta misma semana y “no habrá una persona detenida más allá de esos 90 días”, sostuvo el empresario José Aguerri, quien es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD, opositora).
Se desconoce, sin embargo, el número de presos por la manifestaciones que serán puestos en libertad, ya que la oposición afirmó este miércoles que hay 807 detenidos, mientras que el gobierno aún no ha dado una cifra.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) acompañará el proceso de excarcelación de los aprehendidos, según el acuerdo alcanzado en la jornada de conversaciones de este miércoles entre las partes en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), al sur de Managua.
Las partes acordaron una agenda de negociación de seis puntos que será abordada de forma simultánea con la liberación de los detenidos.
Convinieron además en pedir apoyo a la comunidad internacional para poner en marcha los acuerdos alcanzados, según la declaración conjunta distribuida por la Presidencia.
“En su momento, y de común acuerdo entre las partes, se hará un llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población”, señala el acuerdo.
Nicaragua enfrenta sanciones de Estados Unidos, que junto a la Unión Europea (UE) han presionado por la liberación de opositores y la apertura democrática.
A finales del año anterior, el Congreso estadounidense aprobó la NICA Act, una legislación que permite a los representantes de Washington en organismos financieros multilaterales vetar el otorgamiento de empréstitos.
