Santiago. Miles de manifestantes coparon el martes una céntrica plaza y la principal avenida de la capital chilena, descontentos con la promesa del gobierno de mejoras sociales y un diálogo ciudadano, mientras toma fuerza la idea de reemplazar la Constitución legada por la dictadura militar por una nueva.

El presidente Sebastián Piñera no ha logrado, de momento, detener las movilizaciones sociales que a diario se convocan por redes sociales.

Las protestas culminaron con incidentes aislados protagonizados por encapuchados que levantaron barricadas encendidas y saquearon algunas tiendas, mientras la policía reprimió con gases lacrimógenos la marcha pacífica hacia una plaza que en los últimos días fue escenario de la mayor concentración que ha visto el país suramericano. Un par de incendios surgieron en medio de los actos vandálicos.

El nuevo ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dijo más temprano, tras una reunión de gabinete, que “la primera prioridad es que recuperemos la paz social”, que deja miles de detenidos y centenares de heridos tras violentas represiones de la policía. Agregó que la segunda es “la agenda social”.

Según Blumel “esta es una primera respuesta” del gobierno a las exigencias de un movimiento que carece de vocero y de organizadores conocidos.

Como parte de la estrategia del gobierno centroderechista se sumó el martes el anuncio del ministro de Desarrollo social, Sebastián Sichel, de que se convocará a diálogos sociales en las 345 comunas chilenas.

Señaló que buscan “guiar esto a una conversación, en una catarsis que permita construir un buen diagnóstico, pero también una construcción de una agenda social”.

¿Nueva Carta Magna?

Sobre la posibilidad de que se hable también de una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución instaurada en 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el ministro del Interior respondió que “podrían llegar a lo que quieran los ciudadanos... no hay barreras si es un diálogo conducido, con objetivo”.

La idea de una nueva carta magna, impulsada por años por la oposición de centroizquierda, la admitió por primera vez, este martes, el presidente del partido oficialista Renovación Nacional, Mario Desbordes.

“Si hay que cambiar la Constitución, hay que hacerlo, porque el 90% de los chilenos así lo quiere... Yo no le tengo miedo a la democracia en nada”, afirmó. “Creo que hay que conversarlo”.

En la oposición, los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado anunciaron que se reunirán para conversar sobre el tema, mientras la comisión de Constitución de los diputados informó de que incluirá proyectos para que no sea el Congreso el que elabore una nueva Carta Magna, sino que lo haga una asamblea constituyente.

La Constitución de Pinochet implantó el modelo neoliberal, privatizó los servicios básicos y creó sistemas de educación y salud a los que se puede acceder según el poder adquisitivo. En Chile solo el 20% de los 18 millones habitantes reciben atención en la salud privada.

En el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet (2014-2018) se realizaron 200.000 cabildos ciudadanos en los que se habló de una nueva carta magna que se tradujo en un proyecto de ley que fue presentado al Congreso cinco días antes de que dejara el poder en el 2018.

Sin embargo, la centroizquierda nunca tuvo los votos necesarios en el Congreso para lograr la aprobación de una reforma constitucional.

Manuel Campos, un arquitecto de 65 años, manifestó que espera que ningún grupo “se apropie del dictado de una nueva Constitución” en una asamblea constituyente donde “el que grite más fuerte va a imponer sus ideas”.

Sichel habló horas después de que una turba de encapuchados levantó barricadas y saqueó algunos locales en desórdenes que derivaron en el incendio de un centro comercial.

Ebullición social

Las protestas que cumplen 12 días comenzaron con el rechazo al aumento del precio del metro, siguió con generalizados ataques a farmacias, supermercados y al propio tren subterráneo -que quedó con menos de la mitad de sus estaciones habilitadas-hasta llegar a las multitudinarias manifestaciones que se viven a diario a lo largo del país.

Los manifestantes demandan desde mejores pensiones, salud y educación a rebajas en los servicios públicos, medicamentos, viviendas sociales e impuestos al patrimonio.

Piñera apostó la víspera por el cambio de ocho ministros, incluidos los más importantes como el del Interior -responsable del orden público- y el de Hacienda, y designó a dos personas jóvenes provenientes del partido Evolución Política, de centroderecha liberal y conocidos por ser más dialogantes que sus antecesores.

También ofreció pequeños incrementos a las pensiones más bajas y al salario mínimo, un alza en los impuestos a los que ganan más de $11.000 mensuales, rebajas en los precios de los medicamentos y la electricidad, además de una disminución de los salarios y asignaciones de los parlamentarios, que oscilan entre los $27.000 y $44.000 al mes.