El futuro de la propuesta constitucional de Bachelet, sin embargo, es una incógnita puesto que la discusión del proyecto estará a cargo del Parlamento elegido en las elecciones de noviembre pasado, que asume sus funciones el 11 de marzo.
Ningún bloque político tiene mayoría suficiente para aprobar leyes por sí solo en el nuevo Congreso, y los parlamentarios conservadores ya han avisado de que no respaldarán el proyecto de la mandataria, que el próximo domingo le entregará la Presidencia al derechista Sebastián Piñera.
La reforma constitucional impulsada por Bachelet pretende sustituir la Carta Magna actual, legada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en 1980 y que ha tenido algunos ajustes en democracia, concretamente durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006).
La nueva Constitución, explicó este martes Bachelet, “se funda en los derechos fundamentales de las personas”, perfeccionando los existentes y agregando otros nuevos que “dan cuenta de los cambios políticos, sociales y culturales que hemos experimentado en los últimos años”.
El contenido de la propuesta constitucional es el resultado de un proceso participativo en el que participaron más de 200.000 personas a través de cabildos ciudadanos y asambleas locales que se llevaron a cabo en 2016.
“Es el fruto de la reflexión que hemos hecho como comunidad”, señaló la presidenta, quien subrayó que “no se trata de partir de cero”, sino que el proyecto “respeta nuestra tradición constitucional”.
Cambios propuestos
La reforma reconoce a los pueblos indígenas como parte fundamental del “orden constitucional”, les entrega el derecho a tener representación en el Congreso y reconoce sus derechos culturales y lingüísticos.
Incluye también una “iniciativa ciudadana de ley” para legislar sobre proyectos planteados por la población que cuenten con el apoyo del 5 % de los chilenos con derecho a voto.
La propuesta suprime los altos cuórums para la aprobación de algunas leyes, dejando solamente la mayoría simple y la mayoría absoluta, con la excepción de las modificaciones a la propia Constitución, que necesitarán el voto de tres quintos de los parlamentarios en ejercicio.
La reforma constitucional también pretende modificar la ampliación del mandato presidencial, que aumentaría de 4 a 6 años sin posibilidad de presentarse a la reelección.
La tardanza en la presentación del proyecto de ley provocó críticas en la oposición conservadora y también en algunos sectores oficialistas, a las que Bachelet salió al paso de manera tajante.“Vamos a gobernar hasta el último día, así que eso no es algo que debería sorprender a nadie”, manifestó este martes.
El diputado ultraconservador José Antonio Kast, excandidato presidencial en las últimas elecciones, afirmó en Twitter que con esta propuesta Bachelet se despide como “líder de una especie de dictadura caribeña”.
Kast consideró que la primera medida legislativa del gobierno de Sebastián Piñera debería ser retirar el proyecto de ley del Congreso.
El también diputado Javier Macaya, de la Unión Demócrata Independiente (UDI, derechista), aseguró que cualquier propuesta que se haga cinco días antes del final del mandato presidencial “pierde toda validez”.
Los reproches llegaron también desde la Democracia Cristiana (DC), uno de los socios de la coalición oficialista. Myriam Verdugo, presidenta del partido, lamentó que el proyecto de ley se envíe a última hora porque los parlamentarios actuales del oficialismo no tendrán la posibilidad de tramitarlo, lo que en su opinión deja con poca “viabilidad” su aprobación en el Congreso.
