La actual senadora está acusada de favorecer al empresario Lázaro Baez con el otorgamiento de 52 obras públicas por 46.000 millones de pesos (unos $1.150 millones) en Santa Cruz (Patagonia, sur), provincia que fue el trampolín de la exmandataria a la política nacional.
Los delitos que examinará el juicio oral son los de “asociación ilícita y direccionamiento fraudulento de obra pública”. La parte querellante es el gobierno.
Los jueces rechazaron un pedido de la defensa de postergar la primera audiencia del juicio a raíz de que falta aún un peritaje de la Corte Suprema sobre las cuestionadas obras públicas de infraestructura que representan el eje de la acusación, informaron fuentes judiciales.
Fernández, senadora de la oposición peronista de centroizquierda, ha declarado que la causa es una persecución política orquestada por el gobierno con jueces adeptos al macrismo.
Baez y otros exfuncionarios involucrados cumplen prisión preventiva. La lgisladora está en libertad por sus fueros, que el Senado se negó a quitarle con el argumento de que solo lo haría si fuese declarada culpable.
Macri busca su reelección al frente de una alianza de políticos centroderechistas y derechistas. Sondeos de intención de voto le atribuyen una disputa palmo a palmo con la exmandataria por el primer lugar.
La legisladora, sin embargo, no ha lanzado su candidatura y se desconoce si lo hará por la alianza opositora que propicia.
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Los delitos fueron presuntamente cometidos durante sus dos mandatos entre el 2007 y el 2015 pero la causa también abarca el período de su fallecido marido, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007). Fernández está implicada en otras cuatro causas.
El 25 de febrero, un día antes del inicio del juicio, está citada por tercera vez a prestar declaración indagatoria ante el mismo juez acusador del caso Baez, Claudio Bonadio, en una causa conocida como “los cuadernos de la corrupción”, sobre una trama de sobornos que salpica a empresas constructoras y los gobiernos de Cristina Fernández y Nestor Kirchner.
Las fuentes aseguran que el juicio por el caso Baez durará meses e incluso puede llegar hasta un año.
