Estados Unidos sanciona al jefe del Ejército y al ministro de Hacienda de Nicaragua
Washington lleva adelante una campaña para propiciar la salida del poder de Daniel Ortega, y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo
FILE - In this Dec 5, 2012 file photo, Nicaragua's President Daniel Ortega, left, and Nicaragua's Army Commander Gen. Julio Cesar Aviles Castillo speak during the closing ceremony of an annual defense course at the "Casa de los Pueblos" in Managua, Nicaragua. The U.S. Treasury announced sanctions Friday, May 22, 2020 against Aviles Castillo and one other high-ranking Nicaraguan official for their support of government crackdowns on protesters. (AP Photo/Esteban Felix, File) Esteban Felix
AFP
Daniel Ortega El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el comandante del Ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés Castillo, juntos durante una ceremonia en Managua, Nicaragua, el 5 de diciembre del 2012. Foto: AP (Esteban Felix/AP)
Washington. Estados Unidos sancionó este viernes al jefe del Ejército y al ministro de Hacienda de Nicaragua, renovando la presión contra el gobierno de Daniel Ortega, cuya salida impulsa acusándolo de corrupción y graves violaciones de los derechos humanos.
El Departamento del Tesoro dijo que Julio César Avilés Castillo e Iván Adolfo Acosta Montalvan fueron incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), con lo cual todos los bienes y activos que tengan bajo jurisdicción de Estados Unidos quedan bloqueados, y se les prohíbe toda transacción que involucre a individuos y entidades estadounidenses.
"Las continuas violaciones del régimen de Ortega de los derechos humanos básicos, la corrupción flagrante y la violencia generalizada contra el pueblo nicaragüense son inaceptables", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, al anunciar la decisión.
"Estados Unidos apuntará contra quienes apoyan el régimen de Ortega y perpetúan la opresión del pueblo nicaragüense", agregó en un comunicado.
Masivas protestas estallaron en abril del 2018 en Nicaragua contra el gobierno de Ortega, cuya represión dejó al menos 328 muertos, cientos de encarcelados (de los cuales 86 siguen en prisión), y 103.600 refugiados en países vecinos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Tesoro dijo que, como comandante en jefe del Ejército, Avilés Castillo se negó a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares que actuaron contra los manifestantes. Además, acusó a los militares de proporcionar armas a esos grupos irregulares.
El ministro de Hacienda fue señalado por el Tesoro por gestionar el apoyo financiero a Ortega y por amenazar “personalmente” a los bancos, para que no se sumaran a una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo del 2019 con el fin de “impulsar la liberación de los presos políticos”.
El jefe del Ejército nicaragüense, Julio César Avilés, habla durante una conferencia de prensa, en Managua, el 23 de julio del 2012. Foto: AFP El jefe del Ejército nicaragüense, Julio César Avilés, habla durante una conferencia de prensa, en Managua, el 23 de julio del 2012. Foto: AFP (HECTOR RETAMAL/AFP)
‘Facilitadores clave’ del gobierno nicaragüense
Washington lleva adelante una campaña de presión diplomática y sanciones económicas contra Managua para forzar la partida de Ortega, un exguerrillero de 74 años que está en el poder desde el 2007 tras ser reelegido en el 2011 y en el 2016 en cuestionados comicios.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo,afirmó este viernes que las nuevas medidas contra altos funcionarios nicaragüenses apuntan contra “facilitadores clave” del gobierno de Ortega que buscan “silenciar las voces prodemocráticas en Nicaragua”.
“Estados Unidos continuará presionando al régimen de Ortega hasta que deje de reprimir al pueblo nicaragüense, respete los derechos humanos y las libertades fundamentales, y permita las condiciones para elecciones libres y justas y la restauración de la democracia en Nicaragua”, manifestó Pompeo.
Estados Unidos ya impuso sanciones a Ortega, a Murillo y a dos de sus hijos, así como a más de una docena de funcionarios y entidades de Nicaragua.
La Unión Europea y Canadá también han impuesto medidas punitivas contra funcionarios y altos cargos policiales cercanos a Ortega.
A finales de febrero, la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, la chilena Michelle Bachelet, denunció las "violaciones de derechos humanos", las "detenciones arbitrarias", el "acoso" y "violaciones" a las libertades en Nicaragua.
El gobierno de Ortega ha atribuido las protestas de abril del 2018 a un fallido golpe de Estado, y acusa a la oposición de alterar la paz y fomentar el “odio” con respaldo de Washington.
