Londres. El controvertido acuerdo de brexit negociado por la primera ministra Theresa May con Bruselas vuelve esta semana al Parlamento británico, que el lunes reanudó sus trabajos tras unas vacaciones en las que nada parece haber cambiado su disposición a tumbar el texto.
A menos de tres meses del 29 de marzo, en que Reino Unido debe salir de la Unión Europea, el país siguen sin ratificar un acuerdo que le permita hacerlo de forma ordenada, evitando un brexit brutal que tendría caóticas consecuencias.
La Cámara de los Comunes debía votar el texto el 11 de diciembre, pero ante la evidencia de que se encaminaba a un estrepitoso fracaso, May anuló la sesión y afirmó que pediría nuevas garantías a sus socios europeos.
Por ello, emprendió una gira por varias capitales antes de una cumbre en Bruselas de la que no sacó nada.
Los contactos siguieron durante el receso navideño: May mantuvo conversaciones con los dirigentes de España, Alemania, Holanda y Francia, informó un vocero de Downing Street, asegurando que “como siempre fueron constructivas”.
El Parlamento debe reanudar el debate el miércoles antes del histórico voto previsto para la próxima semana. Y aunque no parece haber obtenido cambios de la UE, May se esforzará por ofrecer algo a los diputados para que no tumben el acuerdo.
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“En los próximos días, no miraremos solo a la UE sino también a lo que podemos hacer a nivel nacional: así estableceremos medidas específicas para Irlanda del Norte, haremos propuestas para incrementar el rol del Parlamento en la próxima etapa de las negociaciones y seguiremos trabajando para lograr mayores garantías”, afirmó el lunes.
De momento, no hay reuniones entre los equipos" negociadores, afirmó en Bruselas el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, para quien ahora toca "esperar los acontecimientos, el procedimiento de ratificación del lado británico".
May ya advirtió a los diputados que tumbar el texto precipitaría al país a un "terreno desconocido".
Por si acaso, se están acelerando los preparativos para un brexit sin acuerdo: el lunes se ensayó la utilización de un aeropuerto abandonado de Kent, en el sur de Inglaterra, como aparcamiento para un centenar de camiones en un intento de descongestionar los monstruosos atascos en los puertos que podría provocar el restablecimiento de controles aduaneros.
El Ejecutivo formó también un gabinete dedicado a los preparativos para un brexit sin acuerdo, que se reunirá una vez a la semana o más a menudo si necesario, según Downing Street.
Los defensores de una salida neta de la Unión Europea consideran que el acuerdo negociado con Bruselas hace concesiones inaceptables al bloque y no respeta los deseos del 52% de británicos que en el 2016 votaron en referendo a favor del brexit.
Su bestia negra es el denominado backstop, un mecanismo ideado para evitar una frontera dura entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte por temor a debilitar el Acuerdo de Paz que en 1998 puso fin a 30 años de sangriento conflicto.
Este mecanismo prevé que Irlanda del Norte conserve las reglas del mercado único europeo, permitiendo mantener abierta la frontera. Y para no imponer barreras administrativas con el resto del país, todo Reino Unido permanecería en una unión aduanera con Europa.
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El backstop solo debería entrar en vigor si no se encuentra una solución mejor en el marco de la futura relación que ambas partes deben negociar durante el periodo de transición, previsto hasta finales del 2020 pero prolongable dos años más.
Aún así, el ala más dura del Partido Conservador de May teme que acabe manteniendo a Reino Unido indefinidamente atrapado en las redes europeas. Y el pequeño partido norirlandés DUP, de cuyo apoyo clave depende la primera ministra para gobernar, se sigue oponiendo a que la provincia tenga un trato diferente.
“Hasta ahora, los problemas fundamentales que hacen de este acuerdo un mal acuerdo no parecen haberse solucionado”, afirmó el domingo el diputado del DUP, Nigel Doods.
Por su parte, los diputados proeuropeos denuncian unas condiciones peores de las que tiene actualmente el país como miembro de la UE y están impulsado la campaña para la organización de un segundo referéndum.
La propuesta ha sido rechazada innumerables veces por el gobierno, pero a finales de diciembre la ministra de Trabajo y Pensiones, Amber Rudd, una fiel colaboradora de May, reconoció que su convocatoria podría defenderse si los diputados rechazan el acuerdo alcanzado con la UE y no consiguen acordar una estrategia alternativa.