Nueva York. Donald Trump orquestó un “plan delictivo” para influir las elecciones de 2016, aseguró este lunes la fiscalía de Manhattan en el juicio al expresidente estadounidense, que corre en paralelo con su intento de volver a ocupar la Casa Blanca tras las elecciones del 5 de noviembre.
“Este caso es sobre una conspiración delictiva y un encubrimiento”, dijo el fiscal Matthew Colangelo en la presentación oral de la causa.
“Orquestó un plan delictivo para influir en la elección presidencial de 2016″, sostuvo antes de agregar que el magnate “mintió” en los libros contables “una y otra vez” para ocultarlo.
El magnate de 77 años está acusado de 34 delitos de fraude contable para encubrir el pago de 130.000 dólares a la exactriz de cine porno Stormy Daniels con el fin de silenciar un supuesto encuentro sexual ocurrido una década antes, en la recta final de la campaña de 2016 que le llevó sorpresivamente a la presidencia.
Al cabo de unas seis semanas de juicio, los doce miembros del jurado (apoyados por seis suplentes) ciudadanos, cuyos nombres han sido ocultados por razones de seguridad, tendrán que emitir un fallo unánime que sellará el futuro del político posiblemente más controvertido de la historia moderna del país.
“Recuerden, han prometido ser justos”, les advirtió el juez Juan Merchan al inicio del juicio oral.
La sesión, que fue acortada a la mañana debido a la Pascua judía, concluirá a las 12h30 locales debido a la cita con el dentista de uno de los jurados.
Esto es una “interferencia electoral”, dijo el magnate republicano al llegar al Tribunal Supremo de Manhattan. “Es un día triste para Estados Unidos”, agregó.
Si es declarado culpable, Trump podría ser condenado hasta cuatro años de cárcel e incluso ser despojado de su derecho a voto. Si ganara la elección de noviembre contra el aspirante demócrata, el actual presidente Joe Biden, podría convertirse también en el primer mandatario que gobierna desde una cárcel.
“Juicio extraordinario”
“Va a ser el juicio más extraordinario probablemente de la historia del país. Lo que está en juego es casi infinito en términos de lo que podrían ser las consecuencias” para el magnate, declaró a la AFP el antiguo fiscal y actual profesor de derecho de la Universidad Pace de Nueva York, Bennett Gershman.
La Fiscalía tendrá que demostrar que Trump orquestó o al menos autorizó a su entonces abogado personal Michael Cohen para que éste pusiera de su bolsillo el dinero para la exactriz Stormy Daniels, que después le fue devuelto en pagos fraccionados disfrazados como gastos legales.
En la causa, la Fiscalía también incluye otros acuerdos similares al de Daniels para tapar otros potenciales escándalos como el de una antigua modelo de la revista Playboy y un conserje que contó que Trump había tenido un hijo fuera del matrimonio.
“Testigos perjudiciales”
“Este caso es sobre el imperio de la ley y si Donald Trump lo violó”, dijo la semana pasada durante la selección del jurado uno de los fiscales, Joshua Steinglass.
Su jefe, el fiscal del Tribunal Supremo de Manhattan, Alvin Bragg, que heredó el caso de su predecesor y después de muchas dudas acusó al magnate, se trata de un caso de interferencia electoral.
Para sostener esta teoría, además de Cohen, los fiscales llamarán a declarar a otros antiguos colaboradores de Trump, y ahora enemigos.
El primero en subir al estrado será David Pecker, expresidente de la empresa editora del tabloide National Enquirer, que compró para enterrarlas, historias susceptibles de afectar al magnate durante su campaña electoral.
“Cada día vamos a escuchar a testigos perjudiciales para Donald Trump”, pronosticó Gershman.
El multimillonario republicano, que se siente víctima de una “caza de brujas” y tilda el juicio de “engaño”, se lamenta de que mientras su rival hace campaña, él debe acudir cada día a la vetusta sala del tribunal de Manhattan.
Trump, que durante su presidencia sobrevivió a dos intentos de destitución, también se enfrenta a otras tres causas penales, dos de ellas por cargos, mucho más graves, como intentar anular su derrota electoral de 2020 y por la gestión de documentos secretos tras abandonar la presidencia, que se han retrasado tanto que es poco probable que se celebren antes de las elecciones.