México. Una polémica reforma judicial que propone la elección popular de jueces fue aprobada en la madrugada de este miércoles por la Cámara de Diputados de México, en un primer paso de un proceso que busca incorporarla a la Constitución del país.
El proyecto del presidente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, se aprobó por la amplia mayoría oficialista, y deberán discutirse varios de sus artículos antes de que el trámite continúe en el Senado.
La maratónica sesión se llevó a cabo desde la tarde del martes en un polideportivo de Ciudad de México, debido a que el edificio legislativo se bloqueó por parte de trabajadores del poder judicial en huelga contra la reforma desde hace dos semanas.
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Además del cese de actividades, la propuesta la rechaza la oposición y generó tensiones con Estados Unidos, que advierte que “amenaza” la relación comercial en el marco del T-MEC y sería un “riesgo” para la democracia mexicana, pues, a su juicio, el narcotráfico podría aprovecharse de la elección popular para manipular jueces.
La propuesta plantea que jueces y magistrados, incluidos los de la Suprema Corte, sean elegidos de listas de candidatos propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los detractores aseguran que ese mecanismo erosionará la independencia judicial.
Enfrentamiento con el poder judicial
El presidente López Obrador, cuya popularidad ronda el 70%, impulsa la reforma judicial acusando a jueces y ministros de favorecer la corrupción de cuello blanco y a grupos criminales. Sin embargo, la principal destinataria de sus críticas es la Suprema Corte de Justicia del país, que frenó total o parcialmente reformas suyas en sectores como el energético y de seguridad.
López Obrador señala a los jueces del máximo tribunal de convertirse en aliados de la oposición y de tener ingresos por encima de lo legal. Durante la discusión de la reforma, los legisladores oficialistas hicieron eco de la postura del presidente.
“El poder Legislativo no puede someterse a ningún juez o autoridad distinta a nuestra soberanía”, declaró Ricardo Monreal, coordinador de los diputados oficialistas. “México está construyendo un sistema de justicia que será un ejemplo en el mundo”, añadió.
El partido oficialista Morena y sus aliados, que arrasaron en las elecciones generales del pasado 2 de junio, suman dos tercios de los 500 escaños que se requieren en la Cámara de Diputados para aprobar reformas constitucionales sin negociar con la oposición. La iniciativa, presentada en febrero pasado, también tendrá que votarse en el Senado, donde al oficialismo le falta solamente un voto para reunir la llamada mayoría calificada.
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Estados Unidos muestra preocupación
El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, reiteró el martes sus críticas a la reforma al acusarla de poner en riesgo la relación bilateral.
“Si no se hace de manera bien, puede traer muchísimo daño en la relación. Hay muchísima preocupación”, comentó el diplomático a periodistas.
Canadá, también socio del T-MEC, advirtió sobre riesgos para la seguridad jurídica de las inversiones. Los reparos los comparten además inversionistas enfocados en la moneda, los bonos y las acciones mexicanas, que temen que la reforma pueda “resultar en una politización del Poder Judicial”, advirtió la consultora británica Capital Economics.
López Obrador ha calificado esas expresiones como “injerencistas” mientras la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el poder el 1°. de octubre, rechazó las críticas a la iniciativa.
“La reforma al poder judicial no afecta ni nuestras relaciones comerciales, ni las inversiones privadas nacionales, ni extranjeras. Por el contrario, habrá más y mejor Estado de derecho y más democracia para todas y todos”, manifestó Sheinbaum la tarde del martes en la red social X.
