Según un artículo del anteproyecto del nuevo Código Penal revelado esta semana, la persona u organización que reciba fondos o recursos materiales “con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional” será sancionada con cárcel.
El documento, que se someterá a votación parlamentaria en abril, señala que estas personas se expondrán a una “sanción de privación de libertad de cuatro a diez años”. Tanto la oposición como los medios de comunicación independientes en Cuba son considerados ilegales, y frecuente, son acusados de ser “mercenarios” de Estados Unidos.
El 15 de octubre de 2020, Nicaragua aprobó una ley similar que obliga a las entidades que reciben fondos del exterior a registrarse como "agentes extranjeros" ante el Ministerio de Gobernación y a evitar inmiscuirse en asuntos internos.
Esta legislación suscitó el rechazo internacional por considerarse amenazante para los periodistas y defensores de derechos humanos. En Cuba, el director de un portal oficial de información publicó en internet en enero de 2020 una lista de 21 medios no oficiales, definidos como “plataformas para la restauración del capitalismo en Cuba”.
El gobierno los equipara con el periodismo de oposición que practican sitios gestionados generalmente desde Miami, y los acusa por igual de ser financiados por el gobierno estadounidense. La lista de los 21 no hacía distinciones.
