La Haya. La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.
La CPI pidió la captura al considerar esa acción como un crimen de guerra en el cual involucra también a Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia, precisó el tribunal con sede en La Haya.
La orden de captura de Putin es “solo el inicio” para hacer justicia, afirmó de inmediato el jefe de la administración presidencial ucraniana, Andrii Yermak, en Telegram.
La fiscalía de la exepública soviética, que enfrenta desde febrero de 2022 una invasión rusa, elogió una “decisión histórica”.
El tribunal no precisó cómo pretende ejecutar las órdenes de arresto, más cuando Rusia no es miembro de la CPI.
“Las decisiones de la Corte Penal Internacional son carentes de sentido para nuestro país, incluso desde un punto de vista jurídico”, escribió en Telegram la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajarova.
Y el expresidente ruso Dmitri Medvédev comparó la decisión a papel higienico.
Según la CPI, creada en 2002, Putin es “presuntamente responsable por el crimen de guerra de deportación ilegal de población [de niños] y el traslado ilegal de población [de niños] de las zonas ocupadas de Ucrania hacia la Federación de Rusia”.
“Los crímenes habrían sido cometidos en territorio ucraniano ocupado al menos desde el 24 de febrero de 2022″, prosiguió la Corte.
“Botín de guerra”
La corte internacional considera que existen “motivos razonables para pensar que Putin es personalmente responsable de los crímenes mencionados”.
El líder ruso es presuntamente responsable de manera directa por esos actos y por su “incapacidad de ejercer un control apropiado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos o permitieron que se cometieran”, según el comunicado de la CPI..
El diario estadounidense The New York Times informó el lunes que el tribunal abriría dos causas contra funcionarios rusos por acciones cometidas en Ucrania.
Según el periódico, el primer caso que se iba tratar era el del presunto secuestro de niños ucranianos por Moscú.
El segundo estaría relacionado con el bombardeo deliberado de infraestructuras civiles en Ucrania, como centrales eléctricas y de aprovisionamiento de agua.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, declaró este mes tras una visita a Ucrania que los presuntos secuestros de niños eran objeto de “una investigación prioritaria”.
“Los niños no pueden ser tratados como botín de guerra”, declaró.
Khan subrayó que cuando visitó un centro de cuidados para niños en el sur de Ucrania, este estaba “vacío, tras la presunta deportación de niños de Ucrania hacia la Federación de Rusia” o hacia otras zonas ocupadas por Moscú.
El tribunal investiga desde hace más de un año posibles crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos en Ucrania durante la ofensiva rusa.
Ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI, pero el gobierno de Kiev aceptó la jurisdicción del tribunal y está colaborando con la oficina de Khan.
Rusia rechaza haber cometido crímenes de guerra en su operación militar.