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San Francisco
Un panel de jueces de un tribunal federal de apelaciones escuchará este martes los argumentos en la batalla legal por la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que cancela el programa de refugiados y suspende la entrada de migrantes provenientes de siete países a la nación.
El caso podría terminar en un enfrentamiento en la Corte Suprema.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco programó una vista por teléfono con los abogados del gobierno federal y de Washington y Minnesota, los estados que demandan a Trump.
La disputa legal enfrenta dos opiniones divergentes sobre el papel del Poder Ejecutivo y del sistema judicial.
El gobierno federal mantiene que solo el presidente tiene autoridad para decidir quién puede ingresar o permanecer en Estados Unidos, mientras que los demandantes alegan que la orden ejecutiva es inconstitucional.
El veto migratorio afecta a ciudadanos procedentes de Siria, Irak, Irán, Yemen, Somalia, Sudán y Libia.
El juez de distrito James Robart, quien el viernes bloqueó temporalmente la aplicación de la norma firmada por Trump, señaló que la labor de los jueces es asegurar que las acciones tomadas por el gobierno "se ajustan a las leyes de nuestro país".
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El Departamento de Justicia presentó el lunes una nueva defensa del veto migratorio. Los abogados señalaron que la norma era un "ejercicio legítimo" de la autoridad del presidente para proteger la seguridad nacional y que el fallo de Robart debía ser revocado.
Los documentos presentados ante la corte de apelaciones por los dos bandos son la última salva en la batalla legal de alto nivel que rodea al decreto presidencial.
El estado de Washington, Minnesota y otros dicen que la corte debe mantener el bloqueo del veto mientras el proceso judicial continúa.
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Los jueces que asistirán a la vista --dos nombrados por demócratas y uno por republicanos -- fueron asignados aleatoriamente.
El fin de semana, la corte de apelaciones rechazó reinstaurar las prohibiciones migratorias de inmediato mientras se estudia la reclamación federal por la suspensión. En los argumentos presentados el lunes, los abogados de Washington y Minnesota dijeron que su puesta en marcha "desataría el caos de nuevo", separando familias y dejando a estudiantes universitarios varados.
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El Departamento de Justicia respondió señalando que el presidente tiene una autoridad clara para "suspender la entrada de cualquier tipo de extranjero" a Estados Unidos en nombre de la seguridad nacional.
El decreto, que suspende temporalmente el programa de refugiados y la inmigración desde siete naciones con problemas de terrorismo, pretendía "permitir un estudio ordenado y una revisión de los procesos de control para asegurar que hay estándares adecuados para proteger contra ataques terroristas".
Independientemente de la decisión del tribunal de apelaciones, cualquiera de los dos bandos podría solicitar la intervención de la Corte Suprema. Sin embargo, podría ser complicado lograr los cinco votos necesarios para que el alto tribunal revoque un fallo de una instancia menor.
El veto migratorio expira en 90 días, por lo que podría terminar ya cuando el caso alcance la máxima estancia judicial. El gobierno podría cambiarlo de varias formas que lo mantendrían en vigor.
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Tras el fallo de Robart, el Departamento de Estado dijo que los ciudadanos de los países afectados podían entrar al país si tenían visas válidas.
El lunes, una estudiante de postgrado que había viajado a Libia con su hijo de un año para visitar a su madre enferma y asistir al funeral de su padre regresó a Fort Collins, Colorado, tras haber estado varada en Jordania en su viaje de vuelta. Fue recibida con flores y globos por su esposo y otros niños.
El migrante sirio Mathyo Asali dijo que cuando aterrizó en el aeropuerto internacional de Filadelfia el 28 de enero pensó que su vida estaba "arruinada". Se le negó la entrada al país y regresó a Damasco. Creyó que sería reclutado por el ejército sirio, pero el lunes estaba de vuelta en suelo estadounidense.
