La Corte se refirió a tres masacres ocurridas entre 1989 y 1997 en Antioquia (noroeste), cuando el Uribe era gobernador de ese departamento (1995-97), y al asesinato en 1998 de Valle, todos atribuidos a milicias de ultraderecha.
Cuando un delito es declarado de lesa humanidad se anula la prescripción.
La declaratoria se realiza en el marco de una indagación preliminar del alto tribunal abierta en diciembre de 2014 contra el expresidente (2002-10) y ahora senador por presunto concierto para delinquir y promover a grupos armados ilegales.
En la matanza de San Roque (23 de febrero de 1989) fueron asesinadas siete personas; en la de La Granja (11 de junio de 1996) fallecieron otros cinco y en la del Aro (22 de octubre de 1997) murieron 15 campesinos a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizadas en 2006 durante el gobierno de Uribe.
En tanto, Ovalle, asesinado el 27 de febrero de 1998 en Medellín, denunció previo a su muerte la participación de militares en las masacres del Aro y San Roque y la omisión de la gobernación de Antioquia en la de La Granja.
Duro contradictor del acuerdo de paz que el año pasado desarmó y transformó en partido a la exguerrilla comunista FARC, Uribe es actualmente uno de los políticos
