“Doña Marta informó a los funcionarios, por transparencia, que participaría en el concurso para elección de contralor/a promovido por la Asamblea Legislativa”, respondió la Contraloría.

El período de la contralora se vence el próximo 8 de mayo, confirmó el director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales.

Acosta fue elegida por los diputados en el 2012 para estar al frente de la CGR por ocho años, lapso establecido por la Constitución Política para ese cargo.

“La Contraloría está a cargo de un contralor y un subcontralor. Ambos funcionarios serán nombrados por la Asamblea Legislativa, dos años después de haberse iniciado el período presidencial, para un término de ocho años; pueden ser reelectos indefinidamente, y gozarán de las inmunidades y prerrogativas de los miembros de los supremos poderes”, estipula la Carta Magna.

Fecha de la elección, en vilo

Pese a que el período de la jerarca está pronto a vencer, el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa duda que la nueva designación pueda realizarse en el tiempo estipulado.

“Lo ideal sería elegir antes de esa fecha (8 de mayo). Sin embargo, esos procesos pueden atrasarse, sobre todo por las medidas que se están tomando por el coronavirus”, dijo Ayales.

Lo cierto es que, a mas tardar el 15 de abril de 2020, quienes aspiren a los cargos de contralor y subcontralor deben haber entregado la documentación correspondiente ante la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.

Después, sigue una etapa de entrevistas a los postulantes y, luego, la Comisión le recomienda una terna al plenario legislativo, para que vote.

Acosta, de 60 años, resultó electa en el 2012 después de haberse desempeñado como subcontralora desde el 2004.

Es licenciada en Administración de Negocios con énfasis en Contabilidad por la Universidad de Costa Rica (UCR) y posee una maestría en Gestión y Finanzas Públicas por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo, de la Universidad Nacional (UNA).

Ha laborado en las áreas de auditoría y control interno en el sector público, así como en los asuntos de rendición de cuentas, transparencia y eficiencia de las compras y contrataciones del Estado, tanto en Costa Rica como en el extranjero.

Es auditora gubernamental certificada por el Instituto Global de Auditores, con sede en Estados Unidos, y miembro del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica desde 1986.

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Uno de sus momentos más protagónicos al frente de la Contraloría lo ha desempeñado desde finales del 2019, cuando la entidad que lidera emitió una orden al Poder Judicial para que adoptara las disposiciones de la reforma fiscal en materia salarial.

La Corte rechazó el mandato. No obstante, luego de perder una serie de apelaciones, el pasado 3 de marzo, los magistrados de la Corte Plena acordaron acatar las medidas de la ley fiscal.