El mandatario socialista acumulaba un 46,4% de los votos frente al 37,07% de su rival centrista, Carlos Mesa, cuando faltaba por escrutarse alrededor del 3% de los sufragios válidos nacionales, según cifras oficiales.
Morales, quien gobierna desde 2006 y aspira a un cuarto mandato, necesita un mínimo de 40% de los votos válidos y una ventaja de 10 puntos porcentuales con respecto a Mesa para ser reelecto en primera vuelta.
En este momento y según resultados aún provisionales, la ventaja entre los dos candidatos es inferior al 10%, lo cual implicaría una segunda vuelta.
El mandatario boliviano, a diferencia de sus dos períodos anteriores, no pudo lograr el 50% más uno de los votos que lo convertiría automáticamente en presidente y le haría además mantener el control del Congreso, lo que allana el camino para aprobar leyes sin oposición.
Paro indefinido
El gobernante, quien el sábado cumplirá 60 años, convocó una conferencia de prensa, en la que será su primera aparición en público desde la noche del domingo, cuando se declaró ganador, basándose en un conteo rápido de votos.
Paralelamente, un colectivo de organizaciones civiles de los nueve departamentos de Bolivia llamó a un paro indefinido.
"Vamos al paro hasta que ustedes digan", arengó Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico Pro-Santa Cruz, región motora del desarrollo nacional, donde ya comenzaron a cortarse algunas calles.
La huelga también alcanzó a la rica región minera de Potosí y otras zonas del país.
"Seremos los jóvenes que haremos respetar la democracia y los que sacaremos del palacio (de Gobierno) a Evo Morales", dijo César Ramos, presidente del comité civil juvenil de Tarija, al sur.
La influyente plataforma civil Conade, que aglutina comités cívicos de todo el país, anunció también "resistencia civil" ante la posible victoria de Morales y su adhesión al paro general.
En la madrugada de este miércoles, los adeptos a Mesa se enfrentaron con policías a las puertas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), organismo al que reprochan estar supeditado a Morrales.
Bajo la lupa internacional
El domingo por la noche y basándose en un conteo electrónico rápido de votos, llamado TREP, que está organizado por el TSE, Mesa celebró su paso a segunda vuelta.
"Un triunfo incuestionable que nos permite decir con absoluta certeza y seguridad, tanto por la información de los medios, como por nuestro propio cálculo interno: ¡estamos en segunda vuelta!", clamó.
Sin embargo, tras esos datos parciales, el TSE detuvo durante 20 horas el TREP, lo cual provocó el recelo y rechazo de la oposición así como las peticiones de organismos internacionales, comenzando por la Organización de Estados Americanos (OEA), y de países como Estados Unidos, Argentina, Brasil y Colombia, de que hubiera transparencia en el escrutinio.
Ante esa situación, Mesa, quien fue presidente de 2003 a 2005, cuando dimitió presionado por movimientos sociales, aseguró que no reconocería los resultados, que “son parte de un fraude consumado de manera vergonzosa”.
Detractores de Morales tomaron desde entonces las sedes de varios recintos electorales en el interior del país y quemaron algunos de ellos, como los de Sucre (sureste) y Potosí (suroeste).
El controvertido giro que dio el resultado de los comicios será analizado esta jornada por la OEA, que aceptó hacer una auditoría del proceso electoral a pedido del gobierno boliviano, en una reunión extraordinaria en Washington.
La Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), que se encarga de investigar y promover los derechos humanos, pidió al gobierno de Morales y a las autoridades electorales a que "respeten total y transparentemente los procedimientos constitucionales para garantizar que el pueblo de Bolivia pueda ejercer su derecho fundamental de elegir libre y justamente a sus propios líderes".
La decisión de Morales de postularse para un cuarto mandato ha sido fuertemente criticada y en febrero del 2016 los bolivianos la rechazaron en un referendo. Sin embargo, un año después, esa decisión fue anulada por una polémica sentencia de la Corte Constitucional.
