Según la prensa británica, en un intento por cerrar filas, la primera ministra iba a reunirse en su residencia campestre de Checkers con varios diputados conservadores, entre ellos algunos euroescépticos feroces como el influyente Jacob Rees-Mogg y el antiguo ministro de Relaciones Exteriores Boris Johnson, que se cree que aspiran a reemplazarla.
La reunión versó sobre “materializar el brexit. En el encuentro se discutieron una amplia lista de temas, incluyendo si hay suficiente apoyo en los Comunes” para volver a votar el acuerdo de divorcio pactado entre la UE y May, explicó un portavoz de Downing Street.
Un portavoz de Downing Street confirmó a la AFP que May mantenía conversaciones con “sus colegas”.
Se espera que el lunes el gobierno dé a conocer sus próximos pasos.
May debe decidir cuándo, o incluso si, pedir a los legisladores que voten nuevamente sobre su impopular acuerdo de divorcio en la UE, que ya han rechazado de forma abrumadora dos veces.
También se enfrenta a la perspectiva de que los legisladores tomen el control de la agenda de la Cámara de los Comunes con el fin de mantener una serie de los llamados “votos indicativos” para revelar qué apoyo existe para otras opciones.
Organizar votos de este tipo sería “la idea más ridícula, infantil e irreal que haya visto jamás”, dijo el diputado conservador Marcus Fysh, favorable al brexit, cuyos partidarios temen que la Cámara de los Comunes aproveche el momento para dar marcha atrás a la salida de la UE.
En una cumbre europea celebrada esta semana, May logró que sus socios europeos aplazaran la fecha del brexit, fijada en principio para el 29 de marzo, hasta el 12 de abril.
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Se esperaba que May convocara un nuevo voto en el parlamento, pero el viernes dio a entender en una carta a los diputados que finalmente podría no celebrarse esta semana “si no hay apoyo suficiente”, lo que parece probable.
“La volveremos a presentar cuando estemos seguros de tenerlo (el apoyo necesario),” confirmó el domingo el ministro del brexit, Steve Barclay, en la BBC.
En el caso en que May sometiera finalmente su acuerdo a los diputados, la primera ministra deberá superar varios obstáculos.
El primero es la posibilidad misma de organizar esa votación porque, según el presidente de la cámara de las comunes, John Bercow, no se puede someter a votación de nuevo el acuerdo sin no hay cambios.
Algunos analistas creen en cambio que las últimas decisiones de la UE sí se pueden considerar como cambios.
El segundo obstáculo para May es, si finalmente se lleva a cabo la votación, lograr convencer a los diputados, tras haberles acusado de ser responsables del bloqueo en una polémica alocución el miércoles pasado.
Signo de la crisis política, el pequeño partido norirlandés DUP, que apoya a May y le permite tener una frágil mayoría en el parlamento, subrayó que la dirigente había “perdido una ocasión” de mejorar su acuerdo durante la cumbre de la UE.
Un nuevo rechazo podría además suponer el fin político de Theresa May.
“Si estamos en apuros por el brexit es por culpa de Theresa May, es hora de que se vaya”, dijo el diputado europeo conservador Daniel Hannan en el Telegraph.
“El gobierno está bloqueado. La confianza en la democracia se hunde. Esto no puede continuar. Necesitamos un nuevo primer ministro”, escribió en Twitter el diputado conservador George Freeman, un antiguo consejero de May.
Pero cambiar de dirigente “no solucionará los problemas”, replicó el ministro de Finanzas, Philip Hammond, en la televisión Sky.
Anticipando un posible rechazo del texto, los 27 socios europeos de Reino Unido propusieron dos opciones.
La primera es que el parlamento vote el acuerdo para que la salida de la UE sea organizada, alargando un poco más el plazo, hasta el 22 de mayo.
La segunda es que si el acuerdo es rechazado por tercera vez, Reino Unido tendría hasta el 12 de abril para decidir si organiza elecciones al parlamento europeo. Si decidiera organizarlas, el país podría pedir un nuevo aplazamiento, cuya duración todavía no está definida.
En caso contrario habría una salida sin acuerdo, casi tres años después del referéndum de la UE del 23 de junio de 2016.
