El exgobernante de izquierda (2003-2010) no fue exonerado, ya que el magistrado determinó volver a juzgarlo en otro tribunal por fallas procesuales. Pero la decisión permite su vuelta al ruedo y esta “va a polarizar las narrativas” políticas, afirma el analista Murillo de Aragao, de Arko Advice.

“Bolsonaro puede radicalizar su discurso y Lula puede decir que fue perseguido. Las narrativas ganarán tonos fuertes”, expresó.

“La presencia de Lula claramente dificultará las oportunidades electorales de un candidato centrista”, favoreciendo la polarización con Bolsonaro, subrayó la consultora Eurasia Group.

Tras el anuncio del lunes, las acciones de la Bolsa de São Paulo cayeron 4% y el dólar alcanzó su máxima cotización desde noviembre. Este martes, la Bolsa operaba estable, en espera de una conferencia de prensa convocada por Lula a la 1:30 p. m. locales (10:30 a. m. en Costa Rica).

Lula, de 75 años, participó en todas las elecciones desde la redemocratización en 1985, excepto en el 2018, cuando superaba a Bolsonaro en las encuestas de intención de voto, pero fue inhabilitado debido a la primera de sus dos condenas por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Bolsonaro se impuso en la segunda vuelta frente a Fernando Haddad, designado por Lula. La contienda dividió al país, entre los seguidores del Partido de los Trabajadores (izquierdista, que gobernó durante 13 años, con Lula y Dilma Rousseff) y sus detractores, quienes abrazaron la figura del excapitán del Ejército apoyado por iglesias pentecostales ultraconservadoras y los cabildeos del agronegocio y la seguridad.

El domingo, un sondeo de la encuestadora Ipec reveló que Lula sería el único candidato con capital político superior al de Bolsonaro.

Aunque el estudio no los enfrentó en duelo directo, mostró que el expresidente cuenta con 50% de apoyo popular, frente a 38% de Bolsonaro.

Lula y la izquierda

Aragao sostuvo que uno de los desafíos más difíciles de Lula, si decide lanzarse a la arena electoral, sería el de “unir a la izquierda”.

“Actualmente esa unión no está clara”, señaló.

“Que Lula regrese a sus 75 años (...) para radicalizar la división de la nación brasileña es un circo macabro en el cual no quiero participar”, declaró el martes el líder del Partido Democrático Trabalhista (PDT, centroizquierda), Ciro Gomes, tercero en las elecciones del 2018 con 12% de los votos.

El líder del Partido Socialismo y Libertad (Psol), Guilherme Boulos, consideró en cambio el lunes que "el momento es demasiado grave como para priorizar debates sobre protagonismos".

Pero “si la oposición llega (al 2022) con cuatro o cinco candidatos, corre el riesgo de no ir a la segunda vuelta. Yo voy a trabajar por la unidad”, agregó.

Bolsonaro reaccionó con una cautela poco habitual al anuncio de que Lula, contra quien profesa públicamente un odio visceral, podría convertirse en la mayor amenaza para su reelección en octubre del 2022.

“Creo que el pueblo de Brasil no va a querer un candidato de esos en el 2022, mucho menos su posible reelección”, dijo en Brasilia.

Cuestionado sobre si temía medirse con Lula, titubeó.

"Me gustaría enfrentar a cualquiera con un sistema electoral que pudiese ser auditado. En este caso el voto impreso junto a una urna electrónica y no solo el voto electrónico", declaró, retomando sus críticas contra el actual sistema de urnas electrónicas, por sospechar que hubo manipulaciones que le impidieron imponerse en la primera vuelta.

Pero la decisión del juez Edson Fachin tiene otras implicaciones fuera de la reorganización de jugadores en el tablero político.

“Muchas personas entenderán que la corte suprema está favoreciendo la impunidad y otras dirán que está reconociendo la inocencia de Lula, pero no se trata de una cosa ni de otra”, afirmó Michael Mohallem, profesor de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas.

Mohallem advirtió de que el Supremo Tribunal Federal (STF) puede convertirse en un escenario de debate sobre Lula en los próximos días, lo que desgastaría a la institución, que “tiene un papel fundamental en contener al presidente Bolsonaro, quien pone en riesgo la democracia brasileña”.