“Es una respuesta de la política con mayúscula, que piensa en Chile y que también se hace cargo y asume su responsabilidad”, afirmó el presidente del Senado, Jaime Quintana, miembro del Partido por la Democracia (centroizquierda, opositor), flanqueado por los dirigentes de las principales formaciones políticas del país, a excepción del Partido Comunista, en una conferencia de prensa de madrugada en una de las sedes del Congreso en Santiago.
Después de horas de intensas negociaciones, los principales partidos de la oposición y la coalición del gobierno del derechista Sebastián Piñera firmaron un Acuerdo por la paz y la nueva Constitución, en el que se comprometieron a aprobar un llamado a plebiscito.
En virtud de este acuerdo, necesario para modificar la actual Carta Magna, que no permite llamar a plebiscito para estos fines, se impulsará la realización de una consulta en abril del 2020 que resuelva dos preguntas: si se quiere o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debe redactarla: una “comisión mixta constitucional”, una “convención constitucional” (Asamblea Constituyente), explicó Quintana.
La convención mixta constitucional, defendida por los partidos de la coalición de gobierno derechista, será integrada en partes iguales por miembros elegidos para este efecto y parlamentarios en ejercicio, mientras que en la "convención constitucional", promovida por los partidos de la oposición, todos sus integrantes serán elegidos específicamente para esta ocasión.
Histórico acuerdo en Chile para cambiar Constitución
Si el proyecto se aprueba en plebiscito, la elección de los miembros de una u otra instancia se realizará en octubre del 2020, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales mediante sufragio universal y se hará con voto voluntario.
Pero la ratificación de la nueva Constitución se realizará con sufragio universal y voto obligatorio.
“Nosotros estamos contentos de haber podido contribuir a aprobar un acuerdo que derrote la violencia”, afirmó Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI, ultraconservadora), el principal partido de la coalición del gobierno de Sebastián Piñera.
“La gente fue capaz de mover las barreras de la política, de mover las barreras de lo posible. Sí podemos soñar con una Asamblea Constituyente”, expresó Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática (izquierda radical).
Presión de las protestas
El acuerdo se alcanzó tras casi un mes de protestas para reclamar profundas reformas sociales al gobierno. Las manifestaciones estuvieron acompañadas de episodios violentos que dejaron 22 muertos y miles de heridos y detenidos en multitudinarias manifestaciones callejeras, saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía.
Frente a un país que ardía, Piñera apostó por un "acuerdo por la paz", en vez de volver a sacar a los militares a las calles, como hizo en los primeros nueve días de la crisis social. Las manifestaciones se iniciaron tras un llamado a evadir el pago del pasaje del metro de Santiago, después de un alza en las tarifas, y rápidamente se transformó en la mayor revuelta en tres décadas en el país.
“Este acuerdo es un primer paso, pero es un primer paso histórico y fundamental para empezar a construir nuestro nuevo pacto social, y en ello la ciudadanía va a tener un rol protagónico”, expresó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
"Lo que partió con la evasión del metro, terminó con el inicio de un proceso constituyente, histórico e inédito que contará por primera vez con participación ciudadana", escribió en Twitter, la periodista Lucía López.
El acuerdo se aprobó en un Congreso en que ninguna de las fuerzas políticas contaba con los dos tercios necesarios para cualquier modificación sustantiva de la Constitución.
Legado de la dictadura
La Carta Magna había tenido algunas modificaciones, pero jamás había prosperado ninguna iniciativa para cambiarla en casi 30 años de democracia.
"Muere la Constitución de la dictadura y nace una en democracia", celebró el senador progresista y excanciller Heraldo Muñoz.
La Constitución de Pinochet se situaba en primera línea de las críticas de los chilenos, que pidieron en las calles mayor participación en la toma de decisiones y reformas sociales en sectores claves como la educación, la salud y pensiones.
Aprobada en 1980 en un cuestionado plebiscito, la dictadura la diseñó como un traje a su medida para que su influencia y la de los sectores conservadores pudiera mantenerse incluso tras el retorno de la democracia, en 1990.
En el 2005, tras un gran acuerdo político, en el que incluso se quitó de la Carta Magna la firma del exdictador, se eliminaron los principios más antidemocráticos, como permitir el despido de jefes militares y la existencia de senadores designados y vitalicios.
Durante el anterior gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2014-2018) se propuso un cambio constitucional, pero este no recibió el apoyo de la ciudadanía.
