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El entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos (izq.), Raúl Castro (centro) y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño (d), alias "Timochenko", se dieron la mano, el miércoles 23 de setiembre del 2015, durante un acto, en La Habana, Cuba. Foto: Archivo (ORLANDO BARRIA)
Bogotá. Colombia recordó este martes los cuatro años del acuerdo de paz que terminó con la guerrilla más antigua y poderosa de América entre reproches y divisiones, y con el repunte de la violencia de fondo.
El cuarto aniversario del pacto, apoyado por la ONU y que transformó a las FARC en un partido de izquierda tras más de medio siglo de empecinada, sangrienta y fallida lucha por el poder, apenas fue advertido.
No hubo actos o discursos especiales de conmemoración. Gobierno y antiguos rebeldes chocaron en sus apreciaciones sobre la implementación de los compromisos que se negociaron por cuatro años en Cuba, y que fueron rechazados en un plebiscito antes de ser revisados y suscritos en noviembre del 2016.
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"Han asesinado 242 firmantes de la paz en el transcurso de estos cuatro años, de manera que el balance es por decirlo de alguna manera, agridulce", señaló en redes sociales Carlos Lozada, exnegociador de la guerrilla y hoy senador por efecto del acuerdo de paz.
La ola de ataques -que solo este año deja unos 59 excombatientes muertos- es quizá la mayor amenaza que planea sobre la paz incompleta en Colombia, pero no la única.
Aunque unos 13.000 guerrilleros -el grueso de las FARC- se acogieron a lo firmado, varias facciones “disidentes” se mantuvieron en armas. Sin un mando unificado, esos grupos se han venido fortaleciendo en puntos específicos del territorio gracias a los interminables recursos del narcotráfico y la minería ilegal.
"Se pasó de una guerra de 'orden nacional' a múltiples conflictos en lo local", indicó la fundación independiente Ideas para la Paz, que este año ha documentado 76 matanzas con 306 muertos.
Así, Colombia entró en un nuevo ciclo de violencia con varios grupos enfrentados por el control territorial, los narcocultivos y las rutas de la mafia. Y que tiene como principales víctimas a exguerrilleros y activistas de derechos humanos o líderes sociales.
Entre los disidentes, el ELN -la última guerrilla reconocida en Colombia- y las bandas del narcotráfico, como el Clan del Golfo, suman al menos 7.600 combatientes que actúan en 240 de los 1.100 municipios colombianos, según Paz y Reconciliación, otra ONG experta en el conflicto.
Reproches a FARC
Al repunte de la violencia se suma la fractura social. Desde el plebiscito el país se dividió. La derecha más opuesta al acuerdo llegó al poder en el 2018 precisamente con la promesa de modificar parte de su contenido, alegando la impunidad que se ofrecía a guerrilleros responsables de delitos atroces.
Aunque el presidente Iván Duque lo intentó, sus iniciativas han fracasado en el Congreso. El pacto de paz estableció un sistema de justicia que prevé que los jefes rebeldes reciban penas alternativas a la cárcel, a cambio de que confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas.
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El partido de Duque promueve un referendo para desmontar la jurisdicción especial para la paz, que todavía no emite ninguna sentencia por las violaciones de derechos humanos en la guerra interna.
"Falta mucho camino por recorrer para que las FARC indemnicen y satisfagan aquellos intereses y aquellas demandas lícitas que tienen las víctimas", dijo este martes el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.
Según el gobierno, la exguerrilla ha incumplido su compromiso de entregar los bienes destinados a indemnizar a los afectados y todavía no ha ofrecido una verdad judicial sobre los múltiples crímenes que se ha atribuido.
En seis décadas de enfrentamiento son más de nueve millones las víctimas, la mayoría desplazados, aunque no todas por acción de la guerrilla. También han estado involucrados agentes del Estado y grupos paramilitares de ultraderecha.
Además de los compromisos con la población afectada, el acuerdo prevé reformas rurales y la sustitución de narcocultivos en arreglo con los campesinos, lo que según los antiguos rebeldes no se ha cumplido. Al contrario, el gobierno de Duque ha intensificado la erradicación forzada de esos plantíos.
Alejo Vargas, académico y politólogo de la Universidad Nacional (estatal), encuentra justificada la apatía frente al fin concertado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Hay un sector importante de la sociedad colombiana que no estaba de acuerdo con esa negociación como se planteó, que probablemente lo que quería era cárcel para los dirigentes de las FARC, etc. Y ese sector no solo ganó el plebiscito, sino que también ganó la presidencia", comenta a la AFP.
De ahí se explica que el "acuerdo que tuvo una importancia a nivel internacional, pase prácticamente sin mayor mención" en el ámbito local, añade.
Por ahora solo cabe un consenso: si bien no terminó con la violencia, el desarme de las FARC ha evitado unas 3.000 muertes al año, según estimaciones independientes.
