El presidente Abelardo de la Espriella promueve una política de mano dura para combatir el narcotráfico en Colombia, el país mayor productor de cocaína del mundo.
Un juez ordenó el mes pasado suspender temporalmente el plan piloto de aplicación aérea de herbicidas sobre narcocultivos en la región amazónica de Putumayo (sur), pero el mandatario de derecha impugnó la medida y aseguró que “la fumigación va”.
El anuncio “ha generado zozobra y miedo entre la población, especialmente entre los campesinos” por sus “efectos sobre la salud en el pasado”, declaró el gobernador John Molina a Caracol Radio.
“Muchas madres en embarazo perdieron sus hijos, (sufrimos) contaminaciones sobre las fuentes hídricas, sobre la fauna, la flora y los cultivos lícitos”, dijo.
El herbicida que se prevé usar es glufosinato de amonio, considerado como moderadamente peligroso para la salud por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Colombia suspendió en 2015 las aspersiones aéreas realizadas con glifosato, otro químico cuestionado por sus afectaciones sobre la salud y los ecosistemas.
En la región de Putumayo, fronteriza con Ecuador, operan grupos armados ilegales que se financian con el narcotráfico y la minería ilegal.
Según el gobernador, en la zona hay más de 40.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, base de la cocaína, y unas 22.000 familias dependen de los ingresos generados por estas plantaciones.
Los campesinos “tienen la voluntad de erradicar manualmente” los cultivos ilícitos a cambio de “inversión gubernamental”, dijo Molina, que mantiene conversaciones con el gobierno sobre alternativas a las fumigaciones.
La erradicación manual supone horas de trabajo por parte de los pobladores, muchas veces expuestos a ataques de grupos armados.
De la Espriella ha declarado la guerra a las mafias narcotraficantes en Colombia, una política respaldada por Estados Unidos, destino de gran parte de la droga.
